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Agencia EFE
CIUDAD DE MEXICO, 26 de septiembre de 2020./EFE.- Al cumplirse este sábado seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin conocerse su paradero, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció «disculpas» en nombre del Estado a los familiares de las víctimas, mientras que estos le pidieron «apretar» la investigación.
«Ofrecerles disculpas a nombre del Estado porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano», expresó el mandatario en un acto en el Palacio Nacional junto a las familias con motivo del sexto aniversario de esa noche trágica.
Al llegar al poder en 2018, López Obrador reinició la investigación sobre lo sucedido en la noche del 26 de septiembre de 2014 ante la polémica versión con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cerró el caso, según la cual policías locales corruptos entregaron los jóvenes al crimen organizado.
López Obrador aseguró que la desaparición «fue un asunto de Estado» porque participaron policías locales y federales, así como militares, y por tanto el Estado «tiene que reparar el daño y aclarar lo que sucedió».
En ese sentido, el mandatario prometió que no habrá «impunidad», aseguró que ya existen órdenes de captura contra miembros del Ejército y criticó la «corrupción» de algunos jueces que han liberado a presuntos implicados.
«Quiero reafirmar el compromiso de seguir el propósito de esclarecer los hechos, de conocer la verdad y de que sepamos el paradero de los jóvenes al mismo tiempo que se castiga a los responsables», prometió.
LAS FAMILIAS PIDEN AVANCES
Los familiares de los desaparecidos, que tras el evento protagonizarán la ya tradicional manifestación por la capital mexicana, agradecieron a López Obrador su disposición pero exigieron más avances.
«Nos da gusto ver que usted es más humano que los anteriores, pero pedirle que apriete un poquito más, nosotros queríamos llegar hoy con algo más porque ya son seis años y no tenemos nada», expresó María Martínez Zeferino, quien tomó la palabra en nombre de las familias.
Sosteniendo un cartel con el rostro de Miguel Ángel, su hijo desaparecido, subrayó que a los estudiantes «se los llevaron policías y participaron militares».
«Busquen a nuestros hijos porque por ahí los tienen y los queremos vivos porque así se los llevaron», reclamó la madre.
UNA NUEVA INVESTIGACIÓN
Según la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.
Este relato, conocido como la «verdad histórica», fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El actual Gobierno investiga ahora a los responsables de la desaparición, entre los que hay policías, militares y narcotraficantes, así como a las autoridades de la Administración anterior que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.
En el acto, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión de la Verdad, subrayó que «la verdad histórica se ha colapsado».
Y es que en julio se identificaron restos de uno de los estudiantes, Christian Alfonso Rodríguez, lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes «nunca estuvieron juntos».
La identificación de Christian fue la tercera en seis años, tras las de Alexander Mora y de Jhosivani Guerrero en 2015.
«No generaremos falsas expectativas, ni una nueva verdad histórica, lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea», prometió a los familiares.
DETENCIONES EN PROCESO
Uno de los grandes retos de la nueva investigación ha sido el de procesar a los responsables, porque muchos han sido liberados tras pagar sobornos a los jueces o porque fueron torturados por miembros de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía, para conseguir sus declaraciones.
En el acto de este sábado, el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, relató que la actual Administración ha lanzado 70 órdenes de captura contra policías municipales y federales, miembros del Ejército, funcionarios de la Procuraduría y miembros del crimen organizado.
Dijo que se está buscando la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, que huyó a Israel y es acusado de torturar a presuntos implicados para construir la «verdad histórica».
Este, además, «se robó más de 1.000 millones de pesos (44,7 millones de dólares) del presupuesto de la Fiscalía», denunció este sábado el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Por ahora ya están detenidos por irregularidades en la investigación Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, y Blanca Castillo, del Ministerio Público.
Al cerrar el acto, los asistentes contaron hasta 43 y gritaron: ¡Justicia!.