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Arturo Ángel/Animal Político
CIUDAD DE MEXICO, 21 de julio de 2020./Arturo Ángel/Animal Político.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, cumple hoy cuatro días sin ser imputado por alguno de los delitos por los cuales se le detuvo y extraditó de España desde el jueves pasado. Su ingreso un hospital privado para lo que supuestamente sería el tratamiento de una anemia, ha impedido que se lleve a cabo la audiencia inicial de su caso.
Ello mantiene en la incertidumbre la definición de la situación jurídica de Lozoya quien, si bien, está en calidad de detenido luego de que se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en su contra al llegar a México, todavía no ha sido vinculado a proceso penal alguno.
La ley establece que una vez que Lozoya sea dado de alta del hospital tendría que quedar a disposición de los jueces que ordenaron su arresto. No obstante, autoridades federales confirmaron a este medio que, a través de sus representantes legales, el exdirector de Pemex ha iniciado un contacto con la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar información sobre supuestos hechos delictivos de los que tuvo conocimiento.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el extitular de Pemex ya había rendido alguna declaración. Funcionarios consultados indicaron que se trataba principalmente de un testimonio rendido previamente en España que será ampliado en México.
Con esta cooperación Lozoya busca volverse, en el mejor de los escenarios para él, un testigo colaborador de la FGR y con ello que se le retiren los cargos. Es un recurso denominado técnicamente criterio de oportunidad. Pero a cambio el exfuncionario debe aportar elementos que permitan proceder en contra de otras personas de mayor jerarquía o que hayan cometido delitos mas graves.
Documentos asentados en al menos una de las carpetas de investigación por las que se procedió en contra de Lozoya, y de los que Animal Político tiene copia, identifican la participación directa o indirecta de servidores públicos de al menos cuatro dependencias en inversiones que de acuerdo con la FGR y con la actual administración de Pemex fueron fraudulentas.
Cabe recordar que la Fiscalía hasta ahora solo ha acusado a Lozoya de haber recibido sobornos para inversiones irregulares en casos como Altos hornos, Fertinal y Odebrecht, pero mantiene las carpetas de investigación abiertas por esos mismos casos y por otros, a la espera de proceder en contra de otros probables responsables.
Exfuncionarios en la mira
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, durante el sexenio pasado PEMEX adquirió de las empresas Altos Hornos de México y Fertinal SA de CV plantas industriales y de fertilizantes que estaban en malas condiciones y con una baja producción, y por las cuales se pagaron cantidades muy superiores a su valor real.
Para promover estas inversiones Lozoya habría recibido sobornos de las empresas implicadas. Sin embargo, las denuncias del área jurídica de PEMEX y de la UIF advierten que la autorización de dichas inversiones incluyó la participación de funcionarios de al menos cuatro secretarías (Hacienda, Energía, Economía y Medio Ambiente) que formaban parte de los consejos administrativos de Pemex.
En el caso de la inversión para la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos, el proyecto fue presentado y aprobado en la sesión del Consejo de Administración de Pemex realizada en diciembre de 2013 y asentada en el acta 865, y en la que participaron por parte de la Secretaría de Energía (SENER) su titular Pedro Joaquín Coldwell, y los subsecretarios de Hidrocarburos y Planeación, Enrique Ochoa Reza y Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, respectivamente.
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó el subsecretario de Ingresos, Miguel Mesmacher Linartas; y por parte de la Secretaría de Economía el subsecretario de Industria y Comercio, José Rogelio Garza Garza.
En tanto, para dar luz verde al proyecto de la planta de fertilizantes propiedad de la empresa Fertinal, se llevó a cabo en octubre de 2015 la sesión del Consejo de Administración de Pemex número 900. Por la SENER repitió Coldwell al que se sumó María de Lourdes Melgar Palacios, quien en ese momento ya era la subsecretaria de Hidrocarburos.
Por parte de la Secretaria de Economía repitió el subsecretario Garza Garza, y a ellos se sumó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el subsecretario de Fomento y Normatividad, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
Otro nombre asentado en las carpetas de investigación, aunque con una participación indirecta, es el del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Ello ya que bajo su responsabilidad se encontraba el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, según las indagatorias, infló de forma injustificada la valoración de la planta Agronitrogenados de Altos Hornos, llevándolo de un primer cálculo de 758 millones de pesos hasta los 3 mil 800 millones de pesos.
Desde que se conoció del caso contra Lozoya, sus entonces abogados defensores insistieron en la necesidad de que Videgaray fuera citado al menos a declarar dado que su dependencia formaba pate del Consejo de Administración de Pemex, y que además estaban a frente del INDAABIN.
En la declaración que Lozoya dio en España, a la que hizo referencia el presidente López Obrador y cuyo contenido referido por la revista Proceso, el extitular de Pemex dijo que Videgaray también estuvo al tanto de una serie de contratos ligado con la empresa brasileña Odebrecht, por los cuales la FGR advierte que se pagaron millonarios sobornos.
En dicha declaración, al igual que lo hicieron sus abogados desde el año pasado en un juicio de amparo, Lozoya refirió que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de este tipo de movimientos. No obstante, en este caso específico no hay evidencia documental que lo constante en las carpetas, por lo que el exdirector Pemex tendrá que aportar pruebas sólidas de ello.
Juez confirma audiencia a puerta cerrada
El juez federal Jesús Eduardo Vázquez Rea, uno de los jueces que ordenó la captura de Lozoya y quien actualmente funge como administrador del Centro de Justicia Federal localizado en el Reclusorio Norte, confirmó que la eventual audiencia inicial que se llevará a cabo – si es que la FGR decide continuar con el proceso en contra de Lozoya – se realizará a puerta cerrada.
En un oficio de respuesta a la promoción presentada por abogadas de la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad en la que pedían que se permitiera el acceso público a la audiencia, el impartidor de justicia refirió que por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solo se permite, de momento, el ingreso a las partes a la sala de audiencia.
Vázquez Rea refiere que si bien, el caso de Lozoya es de interés público y que las audiencias en el sistema penal actual también son públicas, todo ello ha quedado restringido a las limitaciones sanitarias acordadas por la pandemia de la COVID-19.
Esta determinación se suma a la que ya había sido anunciada con anterioridad a medios de comunicación por el CJF, en la que determinó que el contenido de la eventual audiencia solo se difundirá a través de whatsapp.
Ni opacidad ni exoneración total: ONG
La experta en derecho penal y cofundadora de la organización TOJIL, Estefanía Medina lamentó la resolución del Poder judicial Federal de pretender que la audiencia de un caso como Odebrecht, que ha sido de amplio interés público no solo en México sino en diversos países donde funcionarios han sido procesados, se pretenda llevar lejos del escrutinio público.
En ese sentido adelantaron que se analizan diversas vías legales, entre ellos la promoción de amparos, en contra de la determinación tomada por los jueces en este caso.
Medina subrayó que la transparencia en este caso es de extrema relevancia sobretodo ahora que se maneja la posibilidad de retirar los cargos en contra de Lozoya, situación que si bien contempla la ley, no debería ser procedente en el caso específico del exdirector de Pemex.
Consideró que en vez de aplicarle un criterio de oportunidad que significa exonerarlo de todos los cargos, podría proceder la reducción de la eventual condena a través de un proceso corto conocido como “procedimiento abreviado”.
“Podría ser beneficiado por una sentencia reducida a cambio de información para acusar a otros funcionarios, pero por su nivel jerárquico, su capacidad de decisión y los beneficios que aparentemente recibió, en este caso aplicarle un criterio de oportunidad si es igual a dejarlo en impunidad con independencia de la información que proporcione” dijo en entrevista.