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+ Quienes reclamaban supuesta deuda presentaban facturas con sobre precios hasta de más del mil porciento
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 02 de Febrero de 2017.- El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera señaló que los supuestos adeudos contraídos con el grupo de proveedores que se manifestaron durante los últimos días, fueron contraídos principalmente durante la gestión del gobernador Juan Sabines Guerrero, particularmente en los ejercicios fiscales que comprenden los años de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Pese a lo anterior, apuntó que el Gobierno del Estado ha mantenido un diálogo constante con ellos, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo que permita liquidar los pasivos, previa revisión y compulsa entre los proveedores y la autoridad estatal, en un proceso abierto y transparente.
Destacó que en esa dinámica, se documentó que existen casos de proveedores que vendieron al gobierno anterior y cuyas facturas presentan sobreprecios, no cuentan con contratos y pedidos, actas de adjudicación o incluso no existe documentación de soporte original que acredite las ventas que hicieron.
Ejemplificó que el Omeprazol, en factura emitida en 2012 por el reclamante tenía un precio unitario de 173.80 pesos, que contrasta con el precio máximo autorizado en el catálogo emitido por la Secretaria de Salud Federal de 30.66 pesos, es decir un sobreprecio de más del 460 por ciento, más de cuatro veces su valor.
De igual forma el Midazolam, en factura emitida en 2012 por el reclamante presentaba un precio unitario de 4 mil 449 pesos, que contrasta con el precio máximo autorizado en el catálogo emitido por la Secretaría de Salud Federal de 957.63 pesos, es decir un sobreprecio de 364 por ciento, más de tres veces su valor.
El Ketorolaco, en factura emitida en 2012 por el reclamante tenía un precio unitario de 46.20 pesos, que contrasta con el precio máximo autorizado en el catálogo emitido por la Secretaría de Salud Federal de 3.68 pesos, lo que refleja un sobreprecio de mil 183 por ciento, más de 10 veces su valor.
Ortega Farrera fue enfático al señalar que por lo anterior, no se puede pagar por productos en sobre precio, por servicios inexistentes o que representen un agravio premeditado a la institución.
Destacó que la deuda que este grupo reclamó a principios del 2016 ascendía a un total de 197 millones de pesos, de los cuales 37 millones correspondían a ésta administración y 160 millones a la administración anterior.
Detalló que del total, se han pagado 61 millones de pesos, mismos que fueron validados por las dependencias, las cuales realizaron verificaciones físicas, revisaron que las compras se hayan realizado bajo la normatividad y conciliaron en muchos casos con proveedores con deudas que ya habían sido saldadas.
En ese sentido, mencionó que el Gobierno del Estado reitera su compromiso de escuchar y seguir dialogando con los proveedores para saldar los adeudos que se tienen, ya que contribuyen a la reactivación económica de la entidad.
Sin embargo, el Gobierno del Estado también ha dejado en claro que a quienes no corresponda dar solución ante esa instancia, están en su derecho de buscarla a través de las vías jurisdiccionales correspondientes, pero no se cederá ante protestas de grupos que no tienen sus adeudos justificados.