Megaproyectos elevaran criminalización de la protesta social

+ Celebran encuentro estatal contra represas y minería

+ Sostienen ambientalistas.

BOCA DEL CIELO, TONALÁ, Chiapas, 24 de Enero de 2016./ Eleazar Domínguez Torres/(muralchiapas.com).- Preocupados por el hostigamiento y la represión que han sufrido autoridades comunitarias e integrantes de la sociedad civil que resisten y luchan contra mega proyectos, como explotación minera y construcción de represas diversas organizaciones sociales concluyeron el encuentro denominado: “Encuentro Chiapaneco de Afectados por Represas y Minería “celebrado este fin de semana en esta comunidad.

A este evento convocado por el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos,(MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) asistieron por lo menos 70 delegados de las diversas regiones políticas y económicas de la entidad y fundamentalmente de municipios donde la actividad minera ya es una realidad, por ello durante este evento asistieron delegaciones representativas de los municipios de Escuinta, Acacoyagua, Pijijiapán, Tonalá, Arriaga, Cacahotan, Acapetahua, Frontera Comalapa, chicomuselo, San Juan Cancúc, Chenalhó, Huixtan, Ixtapa, así como diversas representaciones de comunidades pesqueras, entre otras.

Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, en entrevista para esta casa editorial refirió, que dicho evento reviste de una importancia mayúscula toda vez que frente al avance inminente de los mega proyectos en la entidad y sus fatales consecuencias como el despojo a los territorios y el daño al medio ambiente se hace necesario presentar una lucha conjunta con diversas fuerzas sociales que de una y otra manera tengan presencia e incidan en las zonas de construcción de represas o extracción minera.

“Este es un encuentro de las organizaciones y de los afectados por presas y minas y la idea de este evento es hacer un análisis y un diagnóstico de la situación estatal en torno a estos dos grandes mega proyectos que se van implementado en el estado en donde tenemos casos de proyectos de represas, no solamente en esta zona de la costa, también en los altos, así como también la construcción de cinco presas en la Cuenca del Usumacinta que amenazan los territorios y el desalojo de pueblos y comunidades.

Al mismo tiempo las concesiones mineras, esas siguen aumentando incluso el trabajo minero ilegal, es decir el que no está autorizado, actualmente conocemos más de cien concesiones mineras que abarcan más de un millón y medio de hectáreas para extraer Titanio, Barita, Oro y otros minerales y de hecho ya vemos afectaciones en la salud en algunos municipios”.

El ambientalista indicó que lamentablemente a la par de las afectaciones a la salud, al medio ambiente, y al despojo de los territorios persiste ya en diferentes zonas del estado de Chiapas la criminalización de la protesta social, de tal suerte que se busca inhibir la lucha de las comunidades y sus pueblos en defensa de la vida y de los territorios.

“Esto es una situación muy preocupante ya que el gobierno cada vez va buscando las formas y los mecanismos de como favorecer y garantizar a las empresas sus inversiones, los cuales se dan fundamentalmente en los acuerdos y tratados de libre comercio y ahora avalados también por la reforma energética y sus leyes secundarias y nos preocupa que ahora entra con mucha mayor fuerza las concesiones y las afectaciones que se ocasionarán también por la extracción petrolera y de gas en la entidad.

Ya empiezan este año a vender en la ronda dos el pozo de Nazaret que se encuentra en los municipios de Altamirano y Ocosingo el cual tiene una extensión territorial de doscientos kilómetros cuadrados, eso va a traer resistencia, va a traer movilizaciones y es muy seguro que también se eleve la criminalización de la protesta social”.

Por ello dijo que frente a la división que generan los mega proyectos en las comunidades, las compras de conciencia y la división ocasionada contra autoridades comunitarias, la violación a los derechos humanos y el uso de la fuerza para someter a pueblos enteros a los megaproyectos generara mayor criminalización, lo que necesariamente obliga a los defensores de derechos humanos y ambientales permanecer a la expectativa, finalizó.