Miente el CONACYT: El decreto que prohíbe el glifosato no está basado en evidencia científica

+ La industria de protección de cultivos exige las pruebas de que el glifosato “tiene efectos perniciosos” para la salud

+ Estudio de la Unión Europea estableció que NO se justifica clasificar al glifosato como cancerígeno y países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda no han prohibido el glifosato porque no hay pruebas

+ La argumentación del Conacyt para justificar la prohibición es más ideológica que basada en la ciencia

+ No hay sustituto al glifosato y su prohibición bajará en 30% la producción de alimentos, con un costo mayor a los 76 mil millones de pesos 

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio de 2022.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, miente en la defensa que hace del decreto que prohíbe el glifosato, para enero de 2024, pues nunca aportó las pruebas, evidencias, estudios e investigaciones científicas que comprobaran que el herbicida glifosato es dañino a la salud y al medio ambiente.

El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que “en contraste con la posición del Conacyt, que defiende el decreto que prohíbe el glifosato sin ningún respaldo científico, haciendo solo mención a que las supuestas investigaciones existen, tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que como parte del proceso para renovar la licencia de la aplicación del glifosato en los países que la integran, dio a conocer el año pasado, un extenso informe de 11 mil páginas, que incluye una amplia revisión de estudios científicos, concluyendo que el uso de glifosato es seguro, cuando se utiliza según las instrucciones y, sobre todo, refutó que existan pruebas de que sea causante de cáncer”.

González Cepeda recordó que apenas el 31 de mayo de este año el reporte de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) a través de su Comité de Evaluación de Riesgos, “reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno NO está justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente, es decir, libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el glifosato”.

El presidente de la UMFFAAC  dijo también que la argumentación del Conacyt para defender la prohibición del glifosato apelando al “principio de precaución” y a “la defensa de derechos humanos” “responde más a cuestiones políticas e ideológicas, en primer lugar, porque nunca se ofrecen las pruebas de que la aplicación del glifosato genere los ‘los riesgos irreversibles o irreparables para el medio ambiente, la diversidad biológica y la salud humana’ por lo tanto, si solo se afirma sin comprobar, pues apelar al principio precautorio no tiene ninguna validez”.

González Cepeda también enfatizó que “cómo es posible que más de 120 países en el mundo no apliquen el principio de precaución, sobre todo en los países del primer mundo, donde sí se aplica el estado de derecho”.  Respecto a la justificación del decreto por parte de Conacyt apelando a los derechos humanos, el presidente de la UMFAACC dijo que se trataba de “una distorsión jurídica que no tiene mayor sentido, pues desde cuándo aplicar herbicidas autorizados por la propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, afecta a los derechos humanos.”

Para la industria de protección de cultivos, todo indica que el Conacyt recurre a justificaciones ideológicas para la prohibición de un herbicida que, si se deja de aplicar a los cultivos, y no habiendo una alternativa viable hasta ahora, se podría generar una pérdida de entre 20 y 40 por ciento de la productividad de alimentos,  dependiendo de cada cultivo, lo que afectaría de forma directa a 7 millones de agricultores, más otros 24 millones de personas que dependen de diversas formas de la agricultura.

En este sentido, González Cepeda coincidió con las estimaciones del Consejo Nacional Agropecuario, CNA, en que una reducción de 20 por ciento en la producción implica dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, más de 35 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.

Por otra parte, el presidente de la UMFFACC también explicó que “los argumentos que justifican la prohibición del glifosato basados en los juicios en Estados Unidos contra la empresa que fabrica este herbicida, también distorsionan la realidad, porque ninguno de ellos ha comprobado lo dañino que es el glifosato a la salud, si se aplica como lo indican las instrucciones del etiquetado, es decir, con el manejo adecuado que exige su utilización”.

González Cepeda también recordó dos casos muy representativos que deben llamar la atención en nuestro país.  Por un lado, el caso de Sri Lanka, que fue noticia mundial, pues el gobierno prohibió el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas y el resultado estuvo a la vista de todos: la baja sustancial de la producción agrícola, particularmente de arroz y de té, la principal fuente de divisas de ese país, lo cual desencadenó una inconformidad y malestar social generalizado, profundizó la dependencia alimentaria y no tuvo más opción que retirar la prohibición. Por otro lado, las intensas protestas de agricultores holandeses en contra del gobierno por los intentos de restringir el uso de fertilizantes sintéticos.

Finalmente, el presidente de la UMFFAAC reiteró su llamado al Conacyt, las autoridades sanitarias, ambientales y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer un dialogo que, a un año y medio de haberse publicado el decreto, no ha tenido lugar y que resulta urgente dadas las consecuencias que tiene la imposición de políticas basadas en prejuicio e ideologías y no en investigaciones científicas.

González Cepeda concluyó que la prohibición del glifosato es todavía más irresponsable si se toma en cuenta que el Conacyt no ha encontrado, ni encontrará, ninguna alternativa que lo sustituya, porque si en el primer mundo las grandes empresas no han sido capaces de encontrarlo, “cómo podemos esperar que lo podría hacer una institución que ni tiene recursos suficientes, ni la capacidad para coordinar investigaciones del nivel que requiere esta tarea”. En este sentido, el presidente de la UMFFAAC planteó que la industria de protección de cultivos pone a su disposición toda la información, los datos, y el conocimiento que se requiera para corregir una política que, de continuar, tendrá graves daños y costos para el país.