MEXICO, D.F., 14 de Diciembre de 2014.- En algunas regiones del país los derechos humanos están en crisis, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una generación espontánea; se gestaron paulatinamente desde hace tiempo, y las manifestaciones en calles y plazas son expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente, dijo.
Frente al presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional lanzó varias interrogantes: ¿Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían estos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?
Preludio de la barbarie
González Pérez llamó también a entender la complejidad del enojo colectivo; el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de definir prioridades, señaló.
Después de lo ocurrido en Tlatlaya y Ayotzinapa, destacó, no puede haber vuelta a atrás ni hay manera de recuperar la engañosa normalidad previa, porque era anómala, estaba asentada, en parte, en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas.
El malestar social llena calles y plazas, está muy difundido, pero no se limita sólo a esos dos casos, y en realidad éstos han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales, indicó.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 a Juan Manuel Estrada Juárez, de la organización Find, el ombudsman ubicó la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad como fenómenos causantes de dolor e indignación, así como de un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones; de malestar, de fractura en el estado de derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.
Presentes además en la ceremonia otros funcionarios federales responsables de la seguridad y las garantías individuales, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mas no así el procurador Jesús Murillo Karam, el presidente de la CNDH dijo que atender el tema de la impunidad es imperativo, pues representa el mayor flagelo que debemos erradicar.
La impunidad, subrayó, alienta a los transgresores de la ley, mina la confianza en las instituciones, atropella el ordenamiento jurídico vigente y humilla a las víctimas. Nadie puede mantenerse indiferente o aceptarla, pues ésta es el preludio de la barbarie.
En el acto, donde además Mayela García Ramírez recibió mención honorífica por su labor en defensa de los derechos de las mujeres, González Pérez lamentó que los legítimos y variados reclamos de justicia y de verdad se hayan visto afectados por las acciones de grupos minoritarios violentos, que quisieron generar un contexto de ruptura y de polarización social.
México requiere entender y atender su realidad, volverse a escuchar y dialogar para buscar la paz, la verdad y la justicia. Debe aplicarse la ley a quien ejerza violencia afectando derechos de terceros.
Pero también, demandó, es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades expresadas y generar canales o vías para responderlas efectivamente. Por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su estado de derecho.