PALESTRA

19 Agosto 2016

Rodrigo Ramón Aquino

Chenalhó, legalidad vs violencia

Desde el momento mismo en que Rosa Pérez dejó el cargo de manera forzada, comentamos que el procedimiento estaba al margen de la legalidad, que era inconstitucional y no debió avalarse.

Las circunstancias violentas en que se dio, que pusieron en peligro de perder la vida al presidente del Congreso de Chiapas y al coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en la LXVI Legislatura, obligaron a esperar que las aguas se calmaran.

Era cuestión de tiempo. La segura vía era la defensa de los derechos políticos de la alcaldesa y eso procedió y la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo confirmó:

Se revocó el Decreto 216 emitido por la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por el que aprobó la renuncia de Rosa Pérez Pérez al cargo de presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, y ordenó su inmediata reincorporación en el cargo para el que fue democráticamente electa durante el proceso electoral 2014-2015.

Se determinó, por unanimidad, que las pruebas aportadas por la presidenta revelan que los hechos ocurridos el 25 de mayo pasado, que incluyeron la retención de Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos Vargas, resultaron determinantes para que se viera forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo y, por la forma en que ocurrieron, no tienen justificación constitucional ni legal.

Pero viene lo complejo. Una gran tarea y un gran reto será generar las condiciones de seguridad y paz para que la reinstalada alcaldesa pueda ejercer el cargo.

Para la tarea se vinculó al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que traduzca la sentencia y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para realizar la difusión de la misma.

No obstante, el asunto es altamente complejo y ahora sí, la clase política de Chiapas está obligada a gobernar aunque no quiera y a cumplir con las funciones de sus cargos.

Se trata de restablecer el orden constitucional en el municipio que se quebrantó a raíz de la violencia política contra la presidenta municipal, lo que generó violencia en todo el municipio.

“La licencia que fue despojada, que fue desprendida por esta fuerza, tiene absolutamente toda la carencia de requisitos que la legislación de Chiapas exige; es decir, no hay una calificación del Congreso, del Ayuntamiento de la gravedad o de la necesidad de su ausencia a través de la licencia y, por lo tanto, esa licencia se aceptó automáticamente sin tener ningún requisito de fondo y de forma”, sostuvo el magistrado Manuel González Oropeza.

Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera indicó que la conducta de los ciudadanos en Chiapas es una muestra más del fracaso de los partidos políticos que no han sabido cumplir la responsabilidad que la sociedad les ha encomendado.

Sostuvo que si bien se hace necesario revisar el sistema electoral, el sistema de partidos y la responsabilidad de quienes ejercen el poder público, es admisible la conducta violenta de ciudadanos que pretenden ejercer justicia por propia mano, pues para eso están los órganos de autoridad, para eso están los tribunales.

La Repare lo celebra, el Congreso anuncia que acatará la sentencia, los rivales políticos de ERA le echan la culpa y otros perdidos en la luna dicen que vengan los propios magistrados electorales a restituir a Rosa Perez, pero no hay que perder de vista las causas. Es un serio problema sociológico, antropológico y de discriminación por razones de género, una crisis institucional al seno del municipio y un riesgo de violencia latente, además del involucramiento de las propias instituciones del estado.