PALESTRA

11 Abril 2014.

Rodrigo Ramón Aquino

Chiapas seguro, pero poquito

Los indicadores lo dicen: Chiapas sigue siendo una de las entidades más seguras del país. Por cuánto tiempo, eso dependerá de los esfuerzos coordinados que se realicen dadas las condiciones volátiles que como región fronteriza nos son inherentes.

Los servicios de inteligencia han detectado un fortalecimiento en las redes de tráfico, trata de migrantes y secuestro. También un incremento del flujo migratorio de centroamericanos que buscan el sueño americano y de aquellos que comercian informalmente, trabajan y visitan el territorio estatal sin los documentos requeridos.

El interés del gobierno federal, así como de otras entidades de la república por mantener los índices de seguridad en Chiapas, es ya inocultable. La presencia en Tuxtla Gutiérrez de todo el Gabinete de Seguridad Nacional nos hace pensar que existe en marcha un operativo permanente de evaluación continua con el que se busca prevenir el delito, preservar el orden y reforzar la seguridad.

Apenas en febrero pasado, el gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional de Seguridad presentaron el Plan de Atención Integral para la Frontera Sur, denominado “Frontera Verde”, con el que se busca fortalecer la seguridad y detonar el desarrollo económico de la región.

La Secretaría de Marina, por su parte, tiene contemplado un esquema integral de vigilancia en los mil 200 kilómetros de territorio mexicano que colindan con Guatemala y Belice para contener el tráfico de drogas, el contrabando de mercancía y la presencia del crimen organizado como fenómenos paralelos al flujo de migrantes que provienen de Centro y Sudamérica.

Al interior del estado se instalan mesas de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para establecer estrategias de seguridad y lineamientos de la nueva Policía Fuerza Ciudadana. Además se contempla la operación de puntos internos de control integral y retenes.

¿Algo qué temer? Creemos que no, pues siempre es mejor prevenir que lamentar. Pero debemos hacer hincapié en que la seguridad va más allá de lo obvio: la integridad física de la población. Sin ella ningún fomento económico o programa de desarrollo resulta viable o sustentable (hace poco comentábamos que Comitán y Tapachula figuran a nivel nacional por su menor índice de competitividad, y una de las razones, sí, le atinó: la inseguridad.)

Ante este panorama, valdría preguntarnos, de ahora en adelante, cada vez que alguien diga “¡aquí no pasa nada!”, si el que no haya noticias son buena noticia. Yo creo que sí.

Ágora

Al respaldar la minuta con Proyecto de Decreto que Reforma el Tercer Párrafo del Artículo 108 de la Constitución, el cual busca ampliar expresamente la responsabilidad de los miembros de los ayuntamientos del país en materia de recursos públicos, el Senador Zoé Robledo consideró igualmente importante legislar para sancionar el subejercicio de recursos, al que consideró como “un crimen”.

Para ilustrar su dicho, Robledo dijo en tribuna que a Chiapas le corresponde un 18 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), algo así como 10 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil van a la ejecución municipal, y que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación de 2013, casi el 50 por ciento de esos recursos no se ejercieron.

Estamos hablando de 3 mil 500 millones de pesos que pudieron emplearse en el desarrollo del estado y que sin más se regresaron a la federación por no ser del interés de los alcaldes ejercerlos. Y no fue de su interés porque son programas que requieren mezcla de recursos, y como no están bajo la dirección del presidente no le ven caso aportar del presupuesto que sí controlan para obras en las que no es posible el moche, la componenda, la corrupción.

De ahí la importancia de castigar el subejercicio, de ahí depende en gran medida el desarrollo municipal.

Corrillo

Nos sumamos a la exigencia para castigar a los responsables de la agresión física del compañero Cosme Vázquez. No es posible que amparados en las siglas de una organización se les permita hacer lo que quieran. Representan un peligro para las instituciones y para la sociedad y como delincuentes deben ser castigados.

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