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TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 05 de Octubre de 2015.- Organizaciones de defensa de garantías fundamentales entregaron una carta al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein –de visita de trabajo en México– para expresarle que aun cuando en el país hay situaciones para afirmar que hay una grave y generalizada crisis en la materia, el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en negar esa realidad.
Por ello, le solicitaron que asuma una posición proactiva en el monitoreo de violaciones a derechos humanos en el país y en el señalamiento público a las obligaciones del Estado en la materia; asimismo, que fortalezca las labores de su oficina en materia de protección de los derechos humanos en México, particularmente a través del robustecimiento de sus funciones de observación.
Además le pidieron que haga pronunciamientos públicos y que apoye al Estado mexicano para el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en materia de violaciones graves de derechos humanos y casos de corrupción.
El documento es suscrito, entre otras organizaciones, por los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas, Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, así como por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 75 organizaciones de 21 entidades.
Ayer, representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) se reunieron con Ra’ad Al Hussein y le entregaron el documento suscrito por más de 100 organizaciones, en el que enfatizaron que en lo que va de 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre Tortura –ambos de la Organización de Naciones Unidas– y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron México para verificar la situación de estas garantías y concluyeron que existe una crisis al respecto y una violación sistemática de los derechos.
Sin embargo, lamentaron, en lugar de tomar en cuenta las observaciones de esas instancias, la administración de Peña Nieto las ha desconocido y descalificado al asegurar que ‘‘no reflejan la realidad’’ del país.
Juan Carlos Gutiérrez, director de ID(H)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que en la reunión con el Alto Comisionado se le dio a conocer ‘‘la situación nacional de estas garantías’’, y que además solicitaron que las ONG sean consideradas en el programa de trabajo de esa oficina en México, cuyo representante deberá ser nombrado los próximos días, luego de que Javier Hernández Valencia dejó el país en julio pasado.
Los organismos manifestaron que de 2006 a la fecha –todo el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del gobierno peñista– ‘‘el país ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos’’.
En estos nueve años, enfatizaron, se tienen contabilizados 102 mil 696 homicidios intencionales, de acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, de los cuales al menos 70 mil fueron cometidos en el contexto de la ‘‘guerra’’ contra el narcotráfico.
Se han presentado 4 mil 55 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales mil 207 ‘‘fueron cometidas por militares’’. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 25 mil 821 casos y hay 281 mil 418 desplazados en el país a causa de la violencia.
Además, se han reportado 27 asesinatos y ocho desapariciones forzadas de defensores de garantías, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.
Recordaron finalmente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y la ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de militares en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014, entre otros.