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+ ONU-DH propone a México debate abierto e inclusivo sobre Ley de Seguridad Interior.
CIUDAD DE MEXICO, 05 de Diciembre de 2017./Fuente: http://www.eluniversal.com.mx.- A unas horas de que se debata en el Senado de la República el proyecto de Ley de Seguridad Interior, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó su preocupación por esta legislación y advirtió que se corre el riesgo de aplicarse de manera “amplia y arbitraria”.
Desde Ginebra, Suiza, el diplomático se pronunció por un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de inseguridad que afectan al país.
“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó.
Dijo que no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, señaló.
El Alto Comisionado reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Indicó que el proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando del Ejército, Fuerza Aérea y Marina.
Subrayó que la autorización para asignar a las Fuerzas Armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados.
Además, añadió, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Zeid recordó que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, señaló Zeid, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, expresó.
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
ANTECEDENTE:
ONU-DH se pronuncia sobre Ley de Seguridad Interior
Redacción SDPnoticias.com
jue 30 nov 2017 18:36
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
+ El representante en México afirmó que el concepto de seguridad propuesto se asocia a regímenes autoritarios.
MÉXICO.- Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) cuestionó si las Fuerzas Armadas deberían ejercer funciones de seguridad interior o sí el marco de seguridad interior es el adecuado para abordar la criminalidad y violencia que experimenta México.
“El concepto de ‘seguridad interior’ se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios (…) se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado”, más que a la seguridad de las personas o grupos sociales a los que aspira el modelos democrático de seguridad ciudadana.
Jarab puntualiza que el prestigio no es un argumento válido para justificar la sustitución de las corporaciones policiales con las Fuerzas Armadas, en ese sentido la pregunta tendría que ser: “¿está usted satisfecho con el resultado de la militarización de la seguridad en la última década”.
Con respecto al retiro a los cuarteles por parte del Ejército, Jarab afirma que este no puede ser de un día para otro y que organismos internacionales de derechos humanos tampoco recomiendan, “hemos planteado el retiro, pero gradual, medible y con plazos definidos”.
El representante también considera la necesidad de salvaguardias si se llegase a aprobar en el senado el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, la no suspensión de derechos, sea compatible con obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, establezca como último recurso el llamado a las Fuerzas Armadas, además estas no podrán participar en la investigación de delitos, la regulación de migraciones o actividades de inteligencia civil.
Además, los despliegues militares estén bajo la tutela de las autoridades civiles, se establezcan mecanismos de rendición de cuentas internos y externos, así como la adopción de medidas específicas para garantizar el trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos.
Finalmente, Jarab pide que la ley considere un paradigma de salida al paradigma militar: favoreciendo el retiro militar y la transición a otro modelo que se base en la reforma, fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiacas.
“Las Fuerzas Armadas han desplegado una función impropia a partir de una decisión política, misma que podría revertirse”, acota el representante.
Lo más llamativo de la crítica de Jarab es que la ley podría interpretarse como una legalización posterior de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad al adoptar un marco normativo, “hay un riesgo de que dentro de pocos años se olvide cuándo se tomó la decisión de legalizar esa presencia; la narrativa histórica será que inicialmente no hubo un marco legal pero después todo fue legalizado”.