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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 19 de Mayo de 2014/ Hermes Chávez (muralchiapas).- En respuesta al abuso sexual cometido por un maestro en contra de al menos 10 niñas indígenas en Chiapas, Gloria Luna Ruiz, diputada plurinominal por el PAN, presentó ante el Congreso chiapaneco una iniciativa para endurecer el castigo en contra de los agresores, quienes actualmente pueden salir libres bajo fianza tras cometer algún delito.
En el mes de abril, Esteban Fidel Román Román fue detenido por abuso sexual de algunas de sus alumnas y liberado el mismo día por presión del SNTE, sin embargo, fue recapturado luego del escándalo generado en redes sociales.
Ante la irritación de la sociedad, Luna hizo una revisión del marco jurídico, “encontrando que el Código Penal en su texto actual presenta insuficiencia y por ello permite que ante delito tan grave se permita libertad bajo fianza”, precisó.
Derivado de esa situación, la congresista presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal de Chiapas en materia de Violencia Sexual que tiene como objetivos fundamentales proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes del abuso y la violencia sexual, y el perfeccionamiento de esa la ley para que ésta sea eficaz en el castigo que deben recibir quienes violentan sexualmente a los menores de edad.
Esto, dijo Gloria luna, porque “la protección sexual y la integridad personal son derechos humanos inviolables, y con mayor razón tratándose de menores de edad e indígenas, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que este tipo de ilícitos no deben quedar en la impunidad y deben ser sancionados con penas ejemplares”.
En este caso la propuesta contempla que quien cometa el delito de abuso sexual, se le impondrá pena de cinco a nueve años de prisión y multa de mil días de salario, con lo cual ya no se podrá obtener libertad bajo fianza.
Además, en las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual, se aumentarán en una mitad más, cuando el delito fuere cometido al encontrarse la víctima dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, de esparcimiento, convivencia familiar, en inmuebles públicos o cualquier otro centro de naturaleza social.
“Si el delito fuere cometido por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo comisión, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor fuese servidor público, se le destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión”.
También se prevé que en su caso, podría ser suspendido en el ejercicio de su profesión por un término igual al de la pena de prisión.
“Con estas medidas estaremos garantizando que aquellos que se atrevan a violentar a nuestras niñas, niños y adolescentes tengan el castigo que merecen”.