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+ Este fenómeno sigue siendo una deuda por subsanar, asevera la diputada del PRD
Lo anterior, dijo en un comunicado, toda vez que en 2018 el entonces virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un programa social, cuyo objetivo era evitar que las bandas criminales reclutaran jóvenes bajo la premisa “Becarios sí, sicarios no”.
Para el 2021 el titular del Ejecutivo reconoció que dicho programa tomaría tiempo, pero daría frutos, recordó la perredista, al tiempo de señalar que en el marco del Quinto Informe de Gobierno se divulgó que otorgaron 12 millones de becas a estudiantes de bajos recursos, 2 millones 600 mil jóvenes trabajan como aprendices y se crearon 200 universidades.
Sin embargo, sostuvo, el fenómeno de reclutamiento de menores en el país sigue siendo una deuda por subsanar, pues no se está logrando el objetivo de proteger a la niñez y a la adolescencia de la violencia, a pesar de los 91 mil millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha gastado hasta enero del 2023 en el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», bajo el slogan “Becarios sí, sicarios no”.
“Sólo en los tres primeros años de este sexenio se contabilizaron casi 40 mil jóvenes menores de 29 años asesinados, según datos del Inegi. Esto representa hasta un 146 por ciento más que en la primera mitad de la administración de Felipe Calderón, que registró 15 mil 898 casos; y un 73 por ciento al alza en relación a los tres primeros años de Peña Nieto, con 22 mil 764″, detalló.
Rodríguez Sarabia apuntó que en México actualmente no existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, lo que representa un serio riesgo para la población de este sector.
En ese sentido, consideró que derivado de los datos y análisis expuestos es indiscutible la importancia de presentar una modificación al Código Penal Federal, con la finalidad de que esta reforma sirva como una herramienta en la prevención del reclutamiento de menores de edad.
“Es imperativo que enfrentemos este desafío de manera unificada y coordinada. El crimen organizado no conoce fronteras ni distinciones sociales, afecta comunidades enteras, desde las zonas urbanas hasta las más remotas”, alertó.
“Nuestro país, como firmante de la Carta de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, como el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a que el Estado mexicano reconozca en sus leyes y en su actuar medidas que salvaguarden la seguridad de las personas, poniendo énfasis en los grupos con mayor vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes.