Política Al Margen

15 marzo 2022

Por Jaime Arizmendi

*¿Cuándo sí es Publicidad Gubernamental?

*Retiren Espectaculares; ordena INE

Argonmexico / Que qué, que la rumba se acabó, que qué… El jueves pasado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, tras un acalorado debate entre los grupos parlamentarios de Morena-PT-PVEM y sus opositores de PAN-PRI-MC con lo que queda del PRD, se aprobó la iniciativa en materia de Propaganda Gubernamental con 268 votos a favor y 213 en contra,

En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena, a Que Siga la Democracia y a “quienes resulten responsables” que retiren 278 espectaculares, y la propaganda en equipamiento urbano desplegados en 19 entidades que “hacen promoción del Presidente de la República”, en el marco de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril.

Fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la que un día después del debate en la plenaria de los diputados, atendió una serie de inconformidades presentadas por los partidos PAN, PRI y PRD, en torno a lo que consideraron una campaña para sacar ventaja en las elecciones a gobernadores en 6 estados.

Presentada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, la iniciativa con proyecto de decreto se destina a interpretar el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

La propuesta, considerada de urgente y obvia resolución, establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) dijo que el artículo 59, fracción III del Reglamento señala que “tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, legal o reglamentario requieran discusión y votación inmediata en el Pleno. “Esto es un asunto del mayor interés público que requiere esta votación de manera inmediata”.

«Otro morenista, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros adujo: “lo que estamos haciendo es algo completamente constitucional, está previsto en nuestra Constitución la facultad de interpretar”; al añadir “no cambiamos ninguna de las reglas electorales; estamos también respondiendo al mal uso que están haciendo consejeros electorales”.

El panista Marco Humberto Aguilar Coronado enfatizó que la modificación de una ley “no puede hacerse a través de decretos de interpretación. Hoy deciden que es necesario aclarar el alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en las leyes. Conforme al proyecto, la pretensión es impedir que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación realice plenamente la función de impartición de la justicia que la Constitución les confiere”.

Marcela Guerra Castillo, del PRI, previno que su fracción votaría en contra porque el proyecto ignora el trabajo legislativo, y que la fundamentación jurídica es errónea ya que el artículo 72, inciso f) de la Constitución sí establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes, pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas.

Del PVEM, Fausto Gallardo García consideró necesario realizar precisiones para evitar que la diversidad en la interpretación de una norma genere falta de certeza y puntualizar que las interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto “son contradictorias y se alejan del espíritu que el legislador imprimió para limitar la propaganda electoral”.

Previamente, en votación económica, el Pleno desechó una moción suspensiva, impulsada por Ivonne Ortega Pacheco, de MC, para detener la aprobación de la iniciativa, al señalar que la Constitución, en su artículo 105, dice que no pueden modificarse las leyes en materia electoral, por lo menos, 90 días antes de alguna votación.

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña sostuvo que no está a discusión el derecho de un legislador a presentar una iniciativa solo por su carácter de presidente de la Mesa Directiva, al calificar de inaceptable que se siga tolerando “la acción facciosa de boicot del INE a la consulta de la revocación de mandato”.

Dos días después de la aprobación, el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, retomó el tema para precisar que la libertad de expresión y el derecho a la información son preceptos consagrados en nuestra Constitución Política, por lo que deben ser respetados por todos, incluidas las autoridades del ámbito electoral.

Que el grado de avance en los ejercicios de participación democrática que ha alcanzado el país, “no admite distorsiones por parte de actores que pretenden restringir la libre manifestación de las ideas expresadas a través de medios tradicionales, redes sociales o espacios públicos”.

Y que nuestra democracia se verá cada vez más fortalecida si se permite a la ciudadanía discernir y formar sus opiniones y criterio con base en lo que observa y escucha en el ambiente público. “Se trata de garantizar un derecho fundamental que no puede ser restringido”.

Para enseguida lanzar que, las resoluciones y acuerdos que recientemente han emitido autoridades administrativas electorales violentan el artículo 29 constitucional, porque limitan garantías fundamentales de las y los ciudadanos.

Gutiérrez Luna repuso: en días pasados la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato.

De esta manera se determinó que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y/o proyecciones difundidas con cargo al erario público.

La restricción es para no abusar de los recursos del pueblo, más no para coartar la libertad de expresión de las personas, el derecho a manifestar ideas o limitar el acceso a la información. “Estamos a favor de la libre expresión, el diálogo y la democracia, no de las censuras previas y distorsiones a nuestro marco legal que, por supuesto, vela por los derechos de las y los mexicanos”.

Pero la historia aún no termina…

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