POLÍTICA AL MARGEN

08 Noviembre 2017.

Por Jaime Arizmendi

*Papeles del Paraíso, Corrupción Global

*Presupuesto Federal 2018, en Puerta

Argonmexico / Ni son todos los que están… Mientras el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sale al paso de las listas de evasores mencionados en el “Paradise Papers”, filtradas el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y ofrece indagar a empresarios elusivos en México; en el Palacio Legislativo afinan el Presupuesto de Egresos 2018 sin aplicarle una “cirugía mayor”.

Casi a un año del escándalo de los “Panama Papers”, una nueva filtración masiva de información confidencial del bufete de abogados Appleby Group Services, con sede en Bermudas, vuelve a poner en el ojo del huracán el uso de millonarias cuentas bancarias extraterritoriales, con fondos que se depositan en “paraísos fiscales” para eludir el pago de impuestos en su nación.

En la lista negra aparecen personajes como el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, de quien el Congreso estadounidense revela que no dijo tener nexos empresariales con el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y con un oligarca sancionado por Estados Unidos. Los documentos de Appleby incluyen detalles de la participación de Ross en una empresa naviera, Navigator Holdings.

El fisco canadiense examina a su vez la vinculación de una figura clave en la recaudación de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con fideicomisos offshore en el Caribe. El empresario de Montreal Stephen Bronfman, hijo del multimillonario Charles Bronfman, es citado en Canadian Broadcasting, Radio-Canada y Toronto Star en la filtración de esos documentos bancarios.

Según la investigación de ICIJ, la comercializadora de materias primas Glencore es de las principales clientes de Appleby, que incluso tiene una «sala Glencore» en su oficina de Bermuda en la que guarda información sobre las 107 compañías offshore de la operadora.

Yuri Milner, prominente inversionista de Silicon Valley y de los primeros patrocinadores de Facebook, realizó dos inversiones en el banco ruso paraestatal VTB Bank PJSC antes de que fuera sancionado, antepuso su portavoz. Los detalles sobre la relación entre Milner y VTB surgieron a raíz de los Paradise Papers.

Igualmente, autoridades indonesias investigan si el excandidato presidencial Prabowo Subianto y los hijos del exdictador Suharto, mencionados en los documentos filtrados, están violando las leyes fiscales del país. Y el periódico The Guardian afirma que la reina Isabel II del Reino Unido hizo inversiones en un fondo de las Islas Caimán a través de El Ducado de Lancaster, patrimonio privado de la familia real británica.

Más aún, el mismo influyente diario británico acusa que Lord Michael Ashcroft, importante donante del Partido Conservador en el Reino Unido, tenía vínculos con un fideicomiso asentado en Bermudas con activos valorados en hasta 450 millones de dólares.

Respecto a México, los documentos implican al difunto Marcial Maciel Degollado (fundador de la orden católica Legionarios de Cristo, cuyo legado fue empañado por denuncias de abuso sexual infantil), quien presuntamente tenía una compañía en las islas Bermudas.

Se menciona además a Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González y José Fernando Calderón Ayala, exconsejero del grupo Alfa y de FEMSA, así como a sus hijos. También están Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, integrante de la familia que opera la concesión de MVS Radio.

En los Paradise Papers igualmente se enlista al extinto Joaquín Gamboa Pascoe, exsecretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); a Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank; y a Manuel Zubiría Maqueo, exdirector general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos en el mandato de Vicente Fox.

Vale anotar que al inicio del gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó al ya entonces exfuncionario foxista, Manuel Zubiría Maqueo, por 11 años para desempeñar cualquier cargo en el servicio público.

Pues en octubre de 2005 Manuel Zubiría Maqueo autorizó que Capufe pagara a la constructora Gutsa más de 100 millones de pesos por supuestas “horas muertas” acumuladas, debido a “condiciones imprevisibles” en los trabajos que ésta realizaba en la Autopista del Sol. Para ello firmó dos convenios conciliatorios: uno por 39 millones 706 mil 91 pesos; y otro por 60 millones 608 mil 664 pesos.

Sin embargo, en julio de 2006 el Banco Nacional de Obras (Banobras), responsable de la Autopista del Sol mediante el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), reveló que el pago fue ilegal y que los hechos podían “constituir responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en la firma de los convenios”. Con todo, veremos si el SAT aplica en realidad la ley, o sólo opta por aplicarla a los contribuyentes cautivos menores. Muy menores…

Dejarán de jalar la cobija?… El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín previno que el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 quedará listo esta semana, sin que sufra una “cirugía mayor”, por reasignar recursos para la reconstrucción por los sismos de septiembre.

Porque la reconstrucción por los sismos es una necesidad social generará una presión de gasto importante, al oscilar entre 40 mil y 50 mil millones de pesos; es decir, menos del 1.0 por ciento del PEF, que asciende a cinco billones 279 mil 667 millones de pesos.

Además, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) no figurará en el PEF 2018, porque sus recursos se canalizarán directamente a la reconstrucción, en lugar de que diputados los redireccionen hacia sus estados y municipios; cuando ningún gobernador hace reclamos. Sí, basta de “moches” y de arreglos en lo oscurito…

De salida… La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sorprendió este martes a Israel Moreno Rivera, jefe delegacional en Venustiano Carranza, en la CDMX, y a su predecesor en el cargo, José Manuel Ballesteros (ahora diputado local) al reclamar su destitución y su consignación ante un juez de distrito por haber incurrido en desacato al no cumplir una sentencia de amparo.

Por unanimidad, los 11 ministros coincidieron que la autoridad delegacional incumplió la sentencia de amparo que ordenó el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para expedir a los quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

Así, ante el desdén oficial presentaron una demanda de amparo que ganaron de manera definitiva, pero Israel no acató el fallo, por lo que se comenzó un incidente de inejecución de sentencia ante el máximo tribunal del país. El tema suscitó en la sede de la ALDF una gresca entre morenistas y perredistas. Los segundos dicen: al diablo las instituciones…

 

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