POLÍTICA AL MARGEN

06 Diciembre 2017

Por Jaime Arizmendi

*Escasa Investigación e Impunidad; Comunicadores Ejecutados: 110

*Abre Senado Espacio a Próximo Titular de FEPADE

Argonmexico / Si saben contar… Frente a los, cuando menos, 110 homicidios de comunicadores registrados en el país durante los últimos tres sexenios, organismos internacionales visitan México para valorar lo que se está haciendo tanto en las investigaciones de tales graves delitos, como en contra de la impunidad que los prohija.

Y es que si bien, durante el sexenio del panista Vicente Fox se registraron 22 asesinatos de periodistas; en la administración del también azul Felipe Calderón fue cuando más comunicadores perdieron la vida a manos de “desconocidos”; en lo que va del mandato actual ya suman 39 los homicidios de mujeres y hombres dedicados al oficio de comunicar.

Al analizar los datos, durante el periodo presidencial de Calderón las dos entidades con más muertes fueron Veracruz, con 10 (entre los mandatos de Fidel Herrera y Javier Duarte) y Guerrero, con 8, en la administración de Carlos Zeferino Torreblanca.

Los periodistas que fueron asesinados en Veracruz son: Luis Méndez, de Radiorama (2009); Noel López Olguín, de Noticias Acayucan (2011); Miguel Á. López, Misael López y Yolanda Ordaz, de Notiver (2011); Regina Martínez, de Proceso y La jornada (2012); Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, de Veracruz News (2012), y Víctor Manuel Baez, de Milenio y El Portal de Veracruz (2012).

En Guerrero, la segunda entidad más riesgosa para los comunicadores entre los años 2006-2012, los asesinados son: Amado Ramírez Dallanes, de Televisa y Novedades Acapulco (2007); Miguel Villagómez, de Noticias de Michoacán (2008); Jean Paul Ibarra, de El Correo (2009); Juan D. Martínez, de Radiorama (2009); Jorge Ochoa Martínez, de El Sol de la Costa (2010); Evaristo Pacheco Solís, de Visión Informativa (2010); Francisco Rodríguez Ríos, El Sol de Acapulco (2010); y María Elvira Álvarez, freelancer (2010).

Peor aún, en la mayoría de estos y del total de casos, los comunicadores fueron interceptados por sus asesinos, y los privaron de la vida con disparos de armas de fuego, afuera de su trabajo o muy cerca; o, incluso a la salida de su propio domicilio particular. Algunos incluso fueron secuestrados, pero sus cuerpos fueron hallados en otras comunidades de donde habían sido levantados.

De acuerdo a organismos defensores de la libertad de expresión, más del 90 por ciento de esos crímenes no han sido resueltos por las autoridades locales, estatales o federales; lo cual conlleva la gratuita aunque indebida impunidad.

Los años con más ejecuciones de quienes han llevado a cuestas la labor informativa, han sido: 2006, 2008 y 2009, con 10 cada uno; 2016, con 11 casos y 2017, con 10. Sobresalen 41 casos como el de José Manuel Nava, exdirector del diario Excélsior, quien la mañana del 16 de noviembre de 2006 fue hallado muerto a puñaladas en su departamento de la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc.

Respecto a las entidades con más asesinatos de comunicadores, se indica que, por sexenio, con Fox, Tamaulipas y Veracruz reportaron más crímenes con 6 y 4, respectivamente; en el de Calderón fueron Veracruz, con 10, y Guerrero con 8; en el de Peña Nieto, Oaxaca tiene 9 y Veracruz 8.

Bajo ese lamentable panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguieron a la Secretaría de Gobernación (Segob), la creación de un Consejo de Expertos para garantizar la protección de periodistas en México.

Al dar a conocer los avances de un informe sobre la situación de los comunicadores en el país, Edison Lanza, representante de la CIDH y David Kaye, de la ONU, anotan que la violencia contra periodistas en México, es una “crisis” de más de una década.

Así, proponen se cree un Consejo de Expertos con varios objetivos: Asesorar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en las líneas de investigación vinculadas al periodismo. Capacitar a los investigadores de esa Fiscalía en técnicas de investigación, y generar una instancia de rendición de cuentas Internacional.

Eso lo expuso Edison Lanza, para coincidir con David Kaye respecto que, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, las últimas administraciones federales no han tenido resultados en la protección y persecución de los agresores.

La violencia contra quienes ejercen la labor periodística ha significado “una crisis para México por más de una década y, a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”. Así lo denuncia con firmeza Comunicadores Por la Unidad AC.

Durante su trabajo realizado recientemente en México, los representantes de la ONU y la CIDH, se reunieron con 250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 entidades, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre.

No obstante, bajo ese mar proceloso de indolencia o colusión oficial, resulta evidente que mientras no existan verdaderas y profundas investigaciones, que deriven en la captura de los autores materiales e intelectuales; en México, la impunidad seguirá siendo el caldo de cultivo para que comunicadores sigan siendo objetivo fácil de sicarios. Y esto, nos obliga a todos. Autoridades, organismos “protectores” de derechos humanos, y del mismo gremio victimizado…

Ante la mayor jornada electoral… La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia acaba de instalar el Comité de Representantes que colaborará con el Senado de la República para seleccionar a quienes aspiran ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta semana, en una reunión senatorial se establecieron los criterios para evaluar a cada uno de los 21 candidatos que aspiran a ocupar dicho cargo, para lo cual se cumple con los requisitos de parlamento abierto que impulsó la Comisión de Justicia.

Dicho órgano colegiado estará integrado por José Antonio Caballero Juárez, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Flavio Galván Rivera, de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados; Rafael Edmundo Mateos Poumián, de la Escuela Libre de Derecho; y Hugo Saúl Ramírez García, de la Universidad Panamericana.

Así como de Arturo Sánchez Gutiérrez, de la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey; y Ángel Zarazúa Martínez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes fueron seleccionados de entre 13 aspirantes que se inscribieron a la convocatoria hecha por la Comisión de Justicia. Sea por el mejor posible 2018…

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