Política Al Margen

30 septiembre 2018

Por Jaime Arizmendi

*Basta al Derroche en una Imagen Desastrosa

*Justicia a Empresas de Medios Ignoradas

Argonmexico / Pagar para que hablen bien de mi… El 21 de agosto pasado, Andrés Manuel López Obrador ratificó que su gobierno concentrará en una sola oficina la política de comunicación social, y reducirá 50 por ciento el gasto en publicidad gubernamental. Esto, por supuesto, a partir del inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018.

Entonces, fue muy puntual al señalar que, en las dependencias del gobierno federal, las secretarías, se van a reducir las oficinas de prensa. “Se va a reducir a lo mínimo. Poquito, porque es bendito; no habrá duplicidades. No podemos derrochar. Se tiene que ahorrar. Por eso vamos a tener la coordinación”.

Asimismo, Jesús Ramírez Cuevas, quien coordinará la Comunicación Social en la administración federal de López Obrador, dijo en la Cámara de Diputados el lunes 24 de septiembre que López Obrador garantizará y hará respetar la libertad de expresión y el derecho a la información; que son “libertades sagradas de la democracia mexicana”.

En el marco del foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, sostuvo que no se considera a los medios de comunicación como enemigos, y rechazó que sea ofensivo el calificativo de “prensa fifí”, que utiliza López Obrador; cuando “son un factor central de la vida pública y democrática del país”.

Para anotar: “Que existan líneas editoriales, que haya posturas políticas que se expresan en los medios de comunicación es un derecho, entonces nosotros no consideramos enemigo a nadie que ejerce sus derechos”. Al insistir en que “se acabó la censura, la discrecionalidad frente a los medios y se acabó la imposición”.

Repuso: “Son libertades sagradas de la democracia mexicana. Son dos derechos que, además, han sido ratificados (con las elecciones de) el primero de julio y, por lo tanto, desaparecerá esta práctica de intentar hacer llamadas a las redacciones para cambiar los titulares o para cambiar a quienes están en las fuentes o para cambiar las notas”.

Comentó que “en otros países se publica la línea editorial de los medios, a qué intereses responde, qué simpatías políticas tiene, y en México se oculta como si no fueran partidarios de alguna idea o un propósito o que no defendieran ciertos intereses”.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, el morenista Mario Delgado Carrillo, previno que el reto de la Cámara de Diputados será tener una nueva Ley General de Comunicación Social, que dé soporte a la realidad que se vive. “Ya no podemos tener un marco legislativo que trate de sostener un modelo de comunicación y control político que ya se agotó”.

Al participar en el mismo foro, sostuvo que se debe terminar con la idea de que el Estado es un ente que utiliza la propaganda como medio de comunicación política, porque ya quedó completamente rebasado.

Porque en la nueva ley se debe combinar el derecho a la información, a la libertad de expresión y participación; democratizar los contenidos, poner un tope a la inversión que puede hacer el gobierno en materia de comunicación; promover los medios comunitarios; así como una estrategia de internet como vía de acceso y democratización a la información.

Se debe garantizar la democratización de los medios y adecuarse a la nueva realidad política, donde “gobernar ya no es comunicar a través de la propaganda, sino abrir los espacios a la comunicación y dar voz a los ciudadanos”. Anunció que próximamente plantearán ya alguna iniciativa en ese sentido, con la participación u opinión de quienes conforman el gobierno electo.

Sobre todo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emplazó al Legislativo, a regular el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política, “pero se hizo bajo el criterio del modelo que se agotó el primero de julio”.

Para aducir que la Ley General de Comunicación Social, lo que hace “es institucionalizar las malas prácticas, un sistema político perverso que compra líneas de comunicación, no atiende los problemas que supone la publicidad oficial para ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y la asignación discrecional de recursos públicos millonarios”.

Permite que las campañas de comunicación, en contra de lo que dice la Constitución, tengan como objetivo la difusión de los logros de gobiernos en promoción de figuras y sus partidos políticos. Preocupa que no haya pluralismo ni apertura, sino que los recursos se dediquen a los medios con mayor rating, sin que haya consideración a medios comunitarios, municipales u otros.

Delgado Carrillo sostiene que el rubro de comunicación social en “esta administración ha tenido un grado de discrecionalidad de 100 por ciento; hay una absoluta simulación entre lo que se envía a la Cámara de Diputados para que lo autorice y apruebe, y lo que finalmente se ejerce”.

La Cámara de Diputados ha aprobado en los presupuestos del 2013 al 2018, 21 mil 400 millones de pesos, y al primer trimestre de 2018 se han ejercido 41 mil 950 mdp; es decir, casi 100 por ciento entre lo que autoriza este órgano legislativo y lo que finalmente ejerce el gobierno.

A su vez, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna (también de Morena), se pronunció por un nuevo modelo de comunicación que logre la democratización del sistema de medios; no obstante, dijo, “esta no se alcanzará, sino transformamos la situación actual de despilfarro del dinero público dedicado a la publicidad de los gobernantes”.

Actualmente, se tiene “un sistema de control político y presupuestal sobre los medios de comunicación y una simbiosis que afecta tanto la credibilidad de los medios como al propio manejo gubernamental”. Paralelamente, añadió, el exceso de recursos destinados a los medios privados, empobreció al sistema de medios públicos.

El 33 por ciento de los recursos gastados en comunicación social se destinaron a la televisión; 17.2 pesos de cada 100, a medios impresos; 16 por ciento, a la radio; siete por ciento, a Internet; 1.2 por ciento, a medios internacionales, y 22.5 por ciento se destinó a propaganda vendida como información, “lo cual está prohibido en el apartado B del artículo sexto constitucional”.

De acuerdo a estos datos, si el próximo gobierno federal reducirá en 50 por ciento la publicidad oficial, debemos esperar que dicho recorte no le pegue a los menos favorecidos; sobre todo al pensar que los micro, pequeños y medianos empresarios de medios generan en el país empleos, y cumplen una función social que los otros ignoran. Que nos midan, sin crítica no hay Democracia…

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