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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas; 20 de abril de 2022.- Es necesario que todas las entidades promuevan e impulsen dentro de sus Planes de Gobierno, políticas públicas que garanticen inclusión y respeto pleno a los derechos, sostuvo la diputada Paola Villamonte Pérez presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado.
Lo anterior, durante su participación en la tribuna de la sala de sesiones, donde exhortó a los ayuntamientos de Chiapas a crear en su estructura orgánica un organismo público u órgano administrativo, para atender la inclusión social en sus municipios.
Derivado de lo anterior, destacó que lo que se busca es que los ayuntamientos, a través de los organismos públicos y órganos administrativos, a través de sus políticas públicas, planes, programas, estrategias y demás acciones, garanticen el cumplimiento de los objetivos, para mantener una vida productiva, de forma igualitaria, libre de discriminación, logrando la inclusión social, con total atención y participación de las personas en estado de vulnerabilidad.
Con dicha propuesta, -que ya fue aprobada y dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables – las diputadas y diputados coincidimos en la importancia de impulsarla, adaptando la teoría administrativa y los lineamientos generales que regulan los movimientos de Estructuras Orgánicas y plantilla de plazas de la Administración Pública Estatal, atentos a evitar la duplicidad de funciones y lograr un trabajo más efectivo, eficiente y transversal, sin que se dé un impacto negativo presupuestal.
Lo anterior, subrayó Paola Villamonte, para estar en concordancia con las políticas de austeridad y racionalidad del gasto público que encabezan el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, respetando siempre la división de poderes.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables refrendó el compromiso de la Sexagésima Octava Legislatura de sumar esfuerzos, para que, en unidad con los 3 órdenes de gobierno, la sociedad civil, académicos, asociaciones y sobre todo con los ayuntamientos, establecer directrices que fortalezcan la Inclusión Social, en todos los sectores y niveles.