+ Los trabajadores al servicio del Estado padecen una merma considerable en sus ingresos por esta situación, resalta el diputado del PT
CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo, 11 de febrero de 2024 (Notilegis).– El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) presentó una iniciativa que modifica el artículo 6 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a fin de que no se utilice esta medida como base o referencia para determinar la cuantía del pago de pensiones y jubilaciones, mismos que se determinará utilizando el salario mínimo.
«A pesar de que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) fue creada como parámetro para la determinación de multas, cuotas y sanciones administrativas, el ISSSTE, de forma indebida, adoptó este parámetro, a fin de determinar el tope máximo de las pensiones, sustituyendo el salario mínimo, de lo cual se deriva una importante afectación para las y los trabajadores del Estado”, subrayó en un comunicado.
Refirió que el hecho de que el valor de la UMA sea menor al del salario mínimo, es un beneficio para la clase trabajadora tratándose del pago de multas y otros tipos de créditos, pero no así para el cálculo de la cuantía de pensiones y jubilaciones, de ahí la necesidad de que se utilice el salario mínimo para establecer este pago.
«Las y los trabajadores al servicio del Estado están padeciendo una merma considerable en sus ingresos por esta situación; es por ello que deben respetarse sus derechos reconocidos con anterioridad a la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que el parámetro para calcular el pago de pensiones sería el salario mínimo vigente por ser parte de su naturaleza constitucional y no la UMA, que vulnera los derechos de los trabajadores y la Carta Magna”, indicó.
Es indiscutible que al otorgar pensiones en UMA se merman los derechos de las y los jubilados, esto debido a que mientras el salario mínimo se ha duplicado en casi cinco años, la UMA sólo ha crecido un 15 por ciento en el mismo periodo, aclaró.
«Por justicia social, es imperante realizar las adecuaciones al marco legal para eliminar el trato discriminatorio que padecen miles de trabajadoras y trabajadores del Estado», concluyó.
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