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MEXICO, D.F., 22 de Octubre de 2013.- El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado de la República modificar el Código Penal Federal para que aquellos servidores públicos o particulares que participen en la desaparición forzada de personas, se le impongan penas de hasta 50 años de prisión, 8 mil días de multa de salarios mínimos y si es parte del gobierno se le inhabilitará 20 años por lo menos.
El presidente entregó un paquete de 10 iniciativas a la Cámara Alta
Dentro del paquete de 10 iniciativas que se enviara a consideración de la Cámara Alta, Peña Nieto les hace ver a estos legisladores que para el Ejecutivo, el respeto de los derechos humanos debe ser una constante en nuestra cultura y el actuar de nuestros gobernantes, rubro que quedó manifestado en el Pacto por México por las principales fuerzas políticas del país.
Aparte de ahí la necesidad, argumenta el presidente de la República, de modificar los artículos 215-a, 215-b y 215-c y adicionar un artículo 215-e el señalado Código Penal Federal.
En esta iniciativa se estipula que la desaparición forzada de ninguna manera prescribirá de la acción penal, ni tampoco habrá “amnistía, indulto ni beneficio preliberacional o sustitivo alguno”.
Parte de la innovación con estas modificaciones se encuentra en el hecho de que no sólo se considera al servidor público como probable responsable en la detención de una persona y que mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma, sino que ahora también se involucra a particulares los cuales por ejemplo se niegan a informar sobre el paradero de aquellos que han sido privados de su libertad o bien que favorezcan su ocultamiento.