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+ El Senado ratifica a Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR
+ Raúl Cervantes, el abogado del PRI que se convirtió en abogado de la nación
+ Los pendientes que deja Arely Gómez al nuevo titular de la PGR
CIUDAD DE MEXICO, 26 de Octubre de 2016.- Raúl Cervantes Andrade rindió protesta como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el pleno del Senado aprobara su nombramiento durante la sesión ordinaria de este miércoles
Con una votación de 82 votos a favor, tres en contra y una abstención, el senador con licencia fue ratificado para ese cargo, a propuesta el presidente Enrique Peña Nieto.
Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, tomó la protesta de ley al nuevo procurador, quien es abogado constitucionalista y se ha desempeñado como diputado federal y senador.
Cervantes Andrade también ha sido coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como fundador y director general del despacho CEA-Abogados.
El Senado ratifica a Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR
Sin embargo
El Senado de la República ratificó la propuesta del Presidente, Enrique Peña Nieto de designar a Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la Republica (PGR).
Los legisladores aprobaron la propuesta después de la comparencia del nuevo titular de la PGR ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
Arely Gomez González y Raúl Cervantes Andrade fueron propuestos ayer como los nuevos titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), respectivamente.
El Senador priista con licencia será la tercera persona que encabece la PGR, antes fueron Arely Gomez, quien sucedió a la tropezada administración de Jesús Murillo Karam, que la dejó en febrero de 2015, a raíz de las protestas en contra de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, y su llamada “verdad histórica”.
Desde ayer, pidió licencia a su cargo y le fue conferido en cuestión de minutos. Además también solicitó retirarse de su encomienda como Diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
“El titular del Ejecutivo Federal hace un especial agradecimiento y reconocimiento a la destacada labor que realizó la Maestra Arely Gómez al mando de la Procuraduría General de la República. Su dedicación y esfuerzo en el ejercicio del cargo, es ejemplo de excelencia en el servicio público y compromiso en la lucha contra la delincuencia en nuestro país”, informó la Presidencia en un comunicado.
Raúl Cervantes, el abogado del PRI que se convirtió en abogado de la nación
Expansión
Durante los últimos cuatro años, Raúl Cervantes ha ocupado espacios clave en la política nacional. En la lista está haber encabezado el área jurídica del PRI, haber presidido el Senado y ahora, tras su ratificación en el pleno de la Cámara alta la tarde de este miércoles, dirigir la Procuraduría General de la República (PGR).
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, se incorporó a las filas del PRI de manera oficial en 1997. Anteriormente, ya había llevado a cabo actividades de carácter partidista como consejero político en la Ciudad de México y delegado en varias asambleas nacionales.
En 2003, se convirtió en coordinador jurídico del partido y nueve años después, tras los comicios de 2012 para presidente de la República —en los que fue candidato Enrique Peña Nieto—, se encargó de la defensa del tricolor ante las denuncias que presentaron el PAN y el PRD por posible rebase en el tope de gastos de campaña y lavado de dinero.
En lo que se conocería como el caso Monex y consistió en el reparto de tarjetas, el equipo legal comandado por Cervantes alegó que la distribución de los plásticos formó parte de las acciones del PRI para desplegar sus campañas, que todo se llevó a cabo con apego a la ley y, por lo tanto, que los señalamientos de otras fuerzas eran infundados.
Al final, las autoridades electorales dieron la razón a los priistas. Sin embargo, el asunto generó polémica y recurrentemente es retomado por la oposición para ejemplificar las maniobras electorales que, según sus críticos, son características del PRI.
En materia legislativa, Cervantes ha sido diputado federal en dos ocasiones, en 2000 y en 2006. Como tal, en San Lázaro ha tenido participación en las comisiones de Transportes, Puntos Constitucionales, de Distrito Federal (ahora Ciudad de México), de Justicia y de Seguridad Pública.
En 2012, a la par que defendía al PRI de las acusaciones en su contra, asumió un escaño plurinominal como senador. Ya en la Cámara alta, fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde le tocó dirigir la discusión de algunas de las principales iniciativas de reforma de Peña Nieto, como la educativa y la energética.
Dentro de ese contexto, también formó parte del Consejo Rector del Pacto por México, el acuerdo político que dio cauce a las reformas estructurales aprobadas por el Congreso entre 2012 y 2013. Además, entre finales de 2013 y finales de 2014, fue presidente del Senado.
Cervantes se ha definido a sí mismo como un apasionado del derecho constitucional. Esas credenciales y el hecho de que pidiera licencia como senador en 2015, cuando se realizaban relevos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), motivaron versiones de que buscaría convertirse en ministro. Sin embargo, el presidente no lo incluyó en las ternas de candidatos y, durante un tiempo, fue académico del Instituto Tecnológico de México (ITAM).
Posteriormente se reincorporó al Senado, donde estuvo hasta esta semana antes de asumir su encargo como titular de la PGR, un cargo al que comúnmente se le conoce como abogado de la nación. Desde ahí, será parte de la transición de este órgano hacia convertirse en una fiscalía general con carácter autónomo.
En el sector privado, Cervantes es fundador y director de la empresa CEA Abogados, así como director de Prosiga, una compañía del sector transportista.
En el plano personal, en 2005 estuvo casado con la empresaria Angélica Fuentes quien, en una entrevista con la revista Vanity Fair, lo acusó de violencia intrafamiliar. El enlace duró poco, pues se separaron meses después de contraer matrimonio.
Los pendientes que deja Arely Gómez al nuevo titular de la PGR
Expansión
Arely Gómez se despidió de la Procuraduría General de la República (PGR) este martes, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto la propuso al Senado como la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Se prevé que sea reemplazada por Raúl Cervantes, quien acaba de pedir licencia a su escaño como senador y, al igual que Gómez en la SFP, debe ser ratificado por la Cámara alta.
A Gómez, militante del PRI, le tocó llegar a la PGR cuando la dependencia era criticada por la labor de su antecesor, Jesús Murillo Karam. Ahora, quien quede en su lugar también deberá enfrentar una larga lista de pendientes. Estos son algunos de ellos.
Ayotzinapa y los desaparecidos
A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de esa localidad de Guerrero, el caso oficialmente sigue abierto. En los últimos días las autoridades detuvieron al exjefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, una acción que la propia Gómez calificó de clave para esclarecer el crimen.
Apenas en septiembre pasado, Gómez aseguró que se siguen todas las líneas de investigación para conocer qué pasó con los jóvenes, cuyo caso atrajo la mirada de organismos internacionales de derechos humanos.
“La Procuraduría General de la República y en particular yo, la procuradora general, estoy totalmente abierta para platicar con los padres; con los abogados de los padres mantengo una comunicación, les informamos de todos los hechos que vamos avanzando en la investigación”, dijo entonces.
El caso Ayotzinapa también arrojó luz sobre la situación de los desaparecidos en el país, donde se contabilizan 28,472 denuncias por personas que no han sido localizadas de 1974 a julio de 2016, de acuerdo con datos del gobierno federal.
La extradición del ‘Chapo’
A cuatro meses de la llegada de Gómez a la PGR, Joaquín Guzmán Loera escapó por segunda vez de un penal federal. Esta segunda fuga ocurrió el 11 de julio de 2015 en el Altiplano, Estado de México, y generó numerosas críticas sobre el gobierno federal.
Su recaptura se dio seis meses después en un operativo de la Marina en Los Mochis, Sinaloa. Se le ingresó a un penal federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y posteriormente la cancillería informó que México buscaría extraditarlo a Estados Unidos.
Un juez federal ya dio su visto bueno para la extradición, aunque los abogados del supuesto narcotraficante todavía intentan frenar el proceso.
El enfrentamiento en Nochixtlán
La PGR también tiene pendiente esclarecer el enfrentamiento que ocurrió en junio pasado en Nochixtlán, Oaxaca, donde una refriega entre policías y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó en la muerte de ocho personas y también dejó decenas de heridos.
La dependencia atrajo el caso y en agosto dio un primer informe, pero no ha podido concluir los peritajes porque pobladores la acusan de querer realizarlos a modo.
Otro caso de presunto uso excesivo de la fuerza es el de Tlatlaya, en el cual militares posiblemente ejecutaron extrajudicialmente a entre 20 y 30 civiles. Por estos hechos todavía hay un proceso penal abierto.
Investigaciones contra exgobernadores
La salida de Gómez se da en medio de los procesos legales en contra de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, y de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora.
Sobre ambos hay órdenes de aprehensión por la posible comisión de actos de corrupción. Colaboradores de ambos también son buscados como parte de las indagatorias.
Otros exgobernadores bajo la lupa, sobre los cuales pesan denuncias penales, son Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua, aunque no se ha dado detalle de sus respectivas situaciones.
La violencia contra jueces
Este mes, el juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, quien llevaba casos relacionados con crimen organizado, fue asesinado mientras hacía ejercicio en calles de Metepec, Estado de México.
Por orden del presidente Peña Nieto, el crimen es investigado por la PGR y ha generado dudas sobre qué medidas de seguridad deben tener los impartidores de justicia.