TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 04 de Julio de 2017./ (muralchiapas.com).- Héctor Montesino Cano, propietario del predio San Martín Mujular quien fue demandado por 600 millones de pesos por la empresa PROACTIVA VEOLEA, luego que denunciara que ésta contamina su propiedad, los mantos friáticos y los ríos aledaños a la capital chiapaneca, consiguió que el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Bélchez efectúe mesas de trabajo en la entidad para determinar el grado de contaminación causado por la empresa recolectora de la basura en la capital que inspira.
Tras 10 años de lucha por evitar que la contaminación de esta empresa continúe y tener a las autoridades ambientales en su contra, en días pasados Montesinos Cano se reunió con el Procurador en donde, con documentos, demostró y comprobó la alta contaminación que se provoca en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin que las responsables actúen, por el contrario obstaculizan su defensa jurídica.
El compromiso de Haro fue de implementar mesas de trabajo e investigar a fondo la contaminación provocada por PROACTIVA VEOLEA y la posible complicidad u omisiones de las autoridades locales.
Montesino Cano presentó pruebas de la contaminación en el predio y también de las ocasionadas el Río Suchiapa, en el cual desde hace años, los peces y la flora se mueren por la misma contaminación.
Sendos estudios de laboratorios certificados demuestran que la contaminación continúa acabando con la flora y la fauna en la zona metropolitana de la entidad, las autoridades hasta en la actualidad se muestran omisas y permisivas con la empresa responsable, solo se han dedicado a discutir el tema, y aunque saben que se contamina, no actúan contundentemente.
PROACTIVA VEOLEA es una empresa extranjera responsable de la recolección, separación y destino final de la basura que generan todos los capitalinos, tiene a cargo el rellenos sanitario y el tiradero a cielo abierto ya clausurado, ambos ubicados al lado sur poniente de la ciudad, sin embargo desde hace 10 años, no cumple con su responsabilidad y las autoridades se lo han permitido.