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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 de diciembre de 2021.- A pesar de las circunstancias sanitarias por COVID-19, durante el 2021 se garantizó la impartición de justicia en Chiapas, y se generaron condiciones para dar paso al ejercicio jurisdiccional y administrativo desde la denominada Nueva Normalidad, sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios al entregar su Informe de Actividades al Congreso del Estado de Chiapas.
Recibieron el informe -con el que se da cumplimiento al mandato constitucional- la presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Aarón Yamil Melgar Bravo.
Ante los presidentes de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, el presidente del Poder Judicial recalcó que se normalizaron actividades bajo los lineamientos marcados en los protocolos de salud generados desde el Consejo de la Judicatura y requeridos por las instancias de salud estatal y federal. Todo ello -dijo- para garantizar el derecho de la ciudadanía a una impartición de justicia eficiente y con total compromiso al servicio público.
En su exposición de motivos, respecto al estado que guarda el Poder Judicial informó que se fortalecieron los servicios a distancia, con acciones como la Ventanilla Judicial y las Consultas de Acuerdos En Línea, mediante el cual litigantes y ciudadanía puede hacer uso de estas herramientas de e-justicia para agilizar sus procesos.
De igual manera, mencionó el fortalecimiento de la reinserción social y la justicia social a través de la figura de la Mesa de Reconciliación, ofreciendo una segunda oportunidad a más de mil 200 personas; además, de la inauguración de dos nuevos edificios de juzgados especializados en Materia Laboral, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, destacando como punta de lanza en la Reforma Laboral.
Con la entrega del informe escrito anual al Poder Legislativo, el magistrado presidente da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, y Código de Organización del Poder Judicial del Estado; con pleno respeto a la autonomía e independencia de los Poderes del Estado, en beneficio de una justicia con valor y transparencia, para todas y todos.
