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CIUDAD DE MEXICO, 05 de febrero de 2024./Animal Político.- En su iniciativa de reforma judicial, presentada este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone una elección popular para elegir a mil 644 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Además, plantea eliminar la capacidad que tiene el Poder Judicial para otorgar suspensiones de normas generales a través de mecanismos como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
De acuerdo con la iniciativa con proyecto de decreto, se busca incorporar en la Constitución mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las y los integrantes del Poder Judicial y que estos, a su vez, “representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito”.
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“Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables de la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos de intereses fácticos”, dice la iniciativa entregada ya al Congreso de la Unión.
AMLO propone reducir a nueve el número de ministros de la Corte
Por ello, también propone reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 ministras y ministros, así como la eliminación de las dos Salas con las que cuenta actualmente, y que estos duren en su cargo solo un periodo de 12 años y no de 15, como lo marca la Constitución actualmente; mientras que magistrados y jueces solo durarán nueve años.
Se establece que el Poder Ejecutivo postulará sus diez candidaturas para ocupar un cargo de ministra o ministro dentro de la Corte, el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial por conducto del Pleno de la Suprema Corte postulará hasta 10 candidatos, con mayoría de seis votos. En el caso de jueces y magistrados, si bien el proceso es similar, se establece que cada poder postulará solo dos personas por cargo a elegir.
Cómo propone AMLO elección de aspirantes al Poder Judicial
Para llevar a cabo esta elección, se precisa que será el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) quien realizará el escrutinio y cómputo de los votos mientras que el Senado será quien realice y publique la suma y remita los resultados a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para que resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare los resultados.
Finalmente, la reforma también propone sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un nuevo órgano de administración judicial dotado de “independencia y autonomía técnica y de gestión” para emitir resoluciones por separado de la Suprema Corte, así como crear un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas y sancionar a personas servidoras públicas del Poder Judicial.
“No se juzga para recibir aplausos”: Magistrados y jueces
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresaron su preocupación ante la propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador, al considerar que “implica una absoluta injerencia en la independencia judicial y propicia la afectación de los derechos humanos de los mexicanos”.
“La elección de personas juzgadoras mediante un sistema de votación popular socava el principio de carrera judicial previsto constitucionalmente, al permitir que factores no relacionados con la capacidad y experiencia legal influyan en la selección de candidatos, lo cual genera que se comprometa la calidad de las decisiones judiciales y debilita la confianza en el sistema de justicia”, señalaron.
De acuerdo con los jueces y magistrados, lo anterior es así porque dicha reforma es contraria al principio de división de poderes establecido en la Constitución y a las diversas convenciones y tratados internacionales que México ha firmado para fortalecer la independencia judicial, entre ellas la Convención Americana de Derechos Humanos que protege la “inamovilidad en el cargo de personas juzgadoras federales como garantía de independencia judicial”.
“Las personas juzgadoras federales sólo nos debemos a la Constitución y no a los partidos u otros actores; y una prueba de ello es que hemos sido depositarios de la confianza de los ciudadanos para proteger su salud, su vida y su libertad; y todo ello puede estar en riesgo al politizarse la justicia a través de cuotas partidistas. No se juzga para recibir aplausos, sino para hacer valer nuestro Texto Fundamental y las leyes que de éste se deriven”, señalaron.