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+ Armando Neyra Chávez es el más longevo entre los “chapulines”; le siguen Carlos Romero Deschamps, Joel Ayala Almeida y María Hilaria Domínguez Arvizu, quienes acumulan 21 años cada uno saltando de curul en curul
Por Tere López Zamudio/e-Legislativo.mx*
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de Noviembre de 2017./Tomado de www.e-Legislativo.mx.- A unos meses de la reforma que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó en sus estatutos para prohibir que sus legisladores plurinominales brinquen de un escaño a otro en periodos consecutivos, la medida ya ha tenido efectos notorios en el Senado de la República pues de los 28 legisladores que han levantado la mano para solicitar licencia sólo 6 son priístas y ninguno de ellos plurinominales.
A mediados de año, durante la 22 Asamblea Nacional del PRI, uno de los cambios más notorios que implementó el partido tricolor fue la llamada reforma “antichapulines”, es decir el impedimento para que los legisladores electos por representación proporcional puedan ocupar un cargo plurinominal de forma consecutiva.
Cuando el grupo Alianza Generacional, encabezado por José Encarnación Alfaro e Ivonne Ortega, comenzaron a hablar de la democratización del PRI y sobre tratar de frenar las decisiones e imposiciones de unos cuántos, no fueron pocos los que leyeron en la petición un mensaje directo en contra de figuras emblemáticas y fuertemente arraigadas en el partido revolucionario.
Las reacciones no se hicieron esperar y algunos priístas como Arturo Zamora, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), llamó a la militancia a no prestar oídos a «políticos de café», cuyo único objetivo es «destruir el partido».
Sin embargo, la petición logró respaldo y la modificación del artículo 212 de los estatutos priístas, fue avalada con voto mayoritario para acabar con los legisladores “chapulines” plurinominales.
No obstante, la decisión llegó hasta el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde el 8 de septiembre dieron el visto bueno al candado “antichapulín” aprobado por los priístas, aun cuando la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE lo había rechazado por considerar restrictiva la medida y ajena a los ordenamientos básicos del partido.
Y es que las leyes electorales mexicanas no obligan a los funcionarios públicos a permanecer en su cargo hasta el término de la gestión para la que fueron electos y basta con la petición de «licencia temporal» para que pueden dejar su cargo y contender por uno nuevo, con la posibilidad de regresar en caso de no obtener la nueva posición.
Es decir, las leyes electorales toleran la existencia de funcionarios “chapulines” y es común, que alcaldes, gobernadores, senadores o diputados dejen sus cargos para buscar una mejor posición política.
Pero en el caso de la reforma priísta, su cambio de estatutos sólo frena a los «chapulines plurinominales», es decir aquellos que nunca han competido por el voto popular, sino que son designados desde la cúpula partidista para ocupar posiciones de poder.
No obstante, a decir del senador Emilio Gamboa la reforma a los estatutos del partido tricolor “no lleva dedicatoria” y obedece más a un proceso de actualización y a la necesidad de acercarse a la sociedad. Y a decir de los promotores de la iniciativa como Rodrigo González Illescas, ésta surge de la necesidad de abrir espacios a más cuadros y a someterse a la votación popular.
Y es que algunos de los políticos priístas que actualmente ostentan el cargo por representación proporcional, lo vienen arrastrando desde la década de los setentas y aunque popularmente identificamos a estos plurinominales eternos con figuras como Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa Patrón, resulta que no son los legisladores que más tiempo han gozado de estos cargos asignados por lista de partido y sin necesidad de competir ante las urnas.
Así, de los 12 senadores plurinominales que hoy tiene el PRI en el Senado, son los representantes sindicales quienes más años acumulan fungiendo alternativamente como diputados locales, diputados federales o senadores.
Con 24 años como legislador, sobresale la trayectoria del Senador Armando Neyra Chávez, eslabón de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y consejero del sector obrero ante el Consejo Político Estatal del PRI, quien sólo con estudios de primaria, es legislador desde 1979, siendo en 5 ocasiones diputado federal, una diputado local y senador en las legislaturas LXII y LXIII, sin embargo, su trayectoria en las cámaras no ha sido notable y su labor más bien baja presentando pocas iniciativas y casi ninguna participación en tribuna.
A la trayectoria “chapulina” de Neyra Chávez, le siguen las de los senadores Carlos Romero Deschamps, Joel Ayala Almeida y María Hilaria Domínguez Arvizu, quienes acumulan 63 años de experiencia legislativa, con 21 años, individuales, ocupando una curul.
Gerardo Sánchez García, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), junto con Carlos Romeros Deschamps, del Sindicato de Pemex.
En el caso de Carlos Romero Deschamps, eterno representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuya gestión termina en 2018, llegó al mundo legislativo también en la década de los setentas y desde entonces ha sido senador en 4 legislaturas y diputado federal en tres, acompañado de escándalos por su vida de opulencia, el más reciente cuyo protagonista es su hijo, José Carlos Romero Durán, a quien se observó manejando un Ferrari dorado en Mónaco.
Joel Ayala Almeida, dirigente de la FSTSE.
Pero también el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, lleva 21 años con gozosa trayectoria “chapulina”, siendo plurinominal en 3 ocasiones como diputado federal y en 4 legislaturas como senador, aunque toda esta experiencia no lo ha hecho aumentar su productividad en el Senado, pues en esta etapa en la Cámara Alta sólo ha presentado 24 iniciativas.
María Hilaria Domínguez Arvizu, quien también lleva 21 años como legisladora.
En contraste, la senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, quien también lleva 21 años como legisladora, desde 1976 siendo plurinominal como diputada en 3 ocasiones, diputada local una vez, senadora suplente en la LX legislatura y hoy senadora titular para las legislaturas LXII y LXIII, fue recientemente reconocida por la asociación civil Borde Político, con una calificación de 100 puntos por su trabajo legislativo, número de iniciativas propuestas, puntos de acuerdo, importancia de sus cargos dentro de las cámaras, participación en redes sociales y su declaración 3 de 3.
Con 18 años como legisladoras plurinominales, saltan los nombres de María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo e Hilda Flores Escaleras, quienes anteceden en la lista al coordinador parlamentario priista, Emilio Gambo Patrón, quien acumula 15 años como legislador, con cuatro legislaturas como senador y una como diputado federal.
Y a ellos se suman Gerardo Sánchez García, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC); Sofío Ramírez Hernández y Graciela Ortiz González, quienes tienen un score de 12 años de actividad legislativa con 2 ocasiones como diputados y 2 legislaturas como senadores, respectivamente; mientras el ingeniero Ricardo Urzúa Rivera acumula 9 años como legislador siendo 2 veces diputado y legislador sólo durante la LXIII legislatura.
Y de estos 12 Senadores plurinominales que representan al PRI en el Senado ninguno ha levantado la mano para solicitar licencia para competir por algún cargo de representación popular, para buscar una diputación, una alcaldía o alguna gubernatura, y todo parece indicar que se cerrará el período de sesiones con todos los plurinominales priístas ocupando sus cargos.
Sin embargo, 6 de sus compañeros en algún momento han dicho que si van a competir y pedirán licencia como es el caso de la senadora Lucero Saldaña, quien iría por la alcaldía de Puebla; mientras Jesús Casillas se ha mostrado interesado en contender por la alcaldía de Zapopan.
En tanto que los senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Gerardo Sánchez, prospectan competir por el gobierno de Guanajuato, en el que también está interesado el senador panista Fernando Torres Graciano.
Para competir por la gubernatura en Veracruz, se espera que pida licencia José Francisco Yunes; en tanto que por Chiapas iría el Senador Roberto Albores Gleason, quien probablemente se enfrente a sus compañeros de curul, Zoé Robledo del Partido del Trabajo y Luis Armando Melgar del Partido Verde Ecologista de México.
Y de los 28 posibles senadores que pedirán licencia antes de que culmine esta legislatura, se cuentan también los panistas Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, quienes aspiran a competir por la Presidencia de la República, al igual que el senador independiente y con licencia Armando Ríos Peter, así como posiblemente el senador del Partido Verde, Carlos Alberto Puente.
Así también suenan los nombres de Mariana Gómez del Campo y Roberto Gil del PAN para contender por el gobierno de la Ciudad de México y donde se enfrentarían a la senadora Alejandra Barrales del PRD o probablemente a Mario Delgado de Morena, quienes también tendrían que pedir licencia para participar en la contienda.
Entre las sacudidas del 2018, también se espera que el senador de Morena, Miguel Barbosa pida licencia, al igual que Javier Lozano Alarcón, del PAN, para enfrentarse por gobierno de Puebla; mientras para el estado de Morelos se contempla el posible enfrentamiento en urnas del Senador Fidel Demédicis contra el senador Rabindranath Salazar del PRD.
Para la gubernatura de Tabasco, ya ha levantado la mano el senador perredista Fernando Mayans Canabal, en tanto que las diputaciones federales en Yucatán parecen haber convencido a los senadores panistas Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruíz; también por la alcaldía de Playa del Carmen, se suma la senadora Luz María Beristáin y la senadora de Morena, Layda Sansores para competir por la jefatura delegacional en Álvaro Obregón.
Finalmente, a esta larga lista de permisos se debe sumar la petición de Pablo Escudero, el senador del Partido Verde que pidió licencia para trabajar en un proyecto relacionado con el Sistema Nacional Anticorrupción.
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