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· En la Frontera Sur de México, muchas mujeres y niñas centroamericanas han sido víctimas de trata.
CIUDAD DE MEXICO, 28 de abril 2021.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República destacó que para el combate del delito de la trata de personas, se requiere actualizar el marco jurídico, la cooperación de organismos internacionales, el intercambio de experiencias con otras naciones y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Esto, en el marco del “Primer Congreso sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas», que organizó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante su mensaje, el senador chiapaneco señaló que hace casi una década el Congreso de la Unión expidió una Ley para la combatir ese flagelo; sin embargo pese a que se cuenta con ese instrumento legal, aun no se ha logrado erradicar la trata de personas, “eso lo podemos observar en la Frontera Sur de México, en donde muchas mujeres y niñas centroamericanas, que salen de sus países en busca de una mejor calidad de vida, son víctimas de trata”.
En ese contexto, dijo, “desde el Poder Legislativo y con el apoyo de todos ustedes es necesario revisar el marco jurídico que, como todas leyes, hay que actualizarlas ante el cambio de las condiciones que las originaron y para mejorar sus disposiciones para hacerlas más efectivas”.
Eduardo Ramírez se comprometió a retomar las conclusiones del foro para actualizar el marco jurídico en esta materia y, si es necesario, procurar el acercamiento entre los poderes legislativos de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá o de otros países, a fin de afianzar criterios institucionales y legales, que permitan garantizar una vida segura para mujeres y niñas.
La trata es un problema de carácter internacional que afecta principalmente a mujeres y a menores de edad que son víctimas de personas sin escrúpulos que lucran con sus necesidades, siendo abusados mediante engaños para dedicarse a actividades que afectan gravemente su integridad física y emocional.
Este es un asunto que afecta, en primer lugar, a las víctimas, pero también perjudica la integración familiar, la vida comunitaria, el tejido social y al Estado mismo. Por eso, su solución requiere respuestas integrales y coordinadas entre todas las instituciones del Estado.
