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MEXICO, DF., 21 de Julio de 2013.- A unos meses de que México rinda cuentas en materia de derechos humanos ante la ONU, se perfila un clima complejo porque persisten los feminicidios, la violencia y discriminación de género, así como el incumplimiento de recomendaciones que proponen armonizar las leyes en los estados y la federación, advierte Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT),
En entrevista refiere, que si bien se avanzó sustancialmente en el país con la reforma al artículo uno constitucional (lo cual obliga a que las normas en derechos humanos se interpreten a la luz de la Carta Magna y de los tratados internacionales), “varios funcionarios que operan las leyes se resisten a ponerlas en marcha, lo cual nos hace pensar en que se requiere un cambio institucional y la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias por parte de los servidores públicos”.
Al referirse al examen periódico universal, a través del cual el gobierno mexicano deberá rendir cuentas sobre el cumplimiento de varias recomendaciones en derechos humanos, en octubre próximo ante el consejo de la ONU, destacó que hay muchas expectativas de la comunidad internacional sobre lo que presentará el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues persisten los índices de violencia.
“Hay recomendaciones por discriminación de género en materia laboral, violencia doméstica; los asesinatos contra las mujeres y los feminicidios son un tema recurrente en las recomendaciones; en particular, los asesinatos en Ciudad Juárez”.
Un punto sustancial para el consejo de la ONU, integrado por más de 100 países, será conocer el avance en cuanto a la armonización legislativa en los estados. “No puede ser que en una entidad haya más derechos para las mujeres y en otros no existan”.
Un ejemplo es el Distrito Federal, donde sí existe el derecho al aborto, pero Guanajuato o Tlaxcala, entre otras entidades, criminaliza a las mujeres que por algún motivo abortaron.
La activista destacó que los países de la Unión Europea tienen gran interés en conocer cuáles son los avances en términos del combate a la impunidad en materia de género y en lo relativo a las estrategias de seguridad; el fuero militar; la cuestión del arraigo; el uso de la tortura; las desapariciones forzadas; las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas (tierras, territorios, recursos naturales y otros) y de los migrantes.
“Es una agenda amplísima que se ha llevado a la ONU, con el antecedente de que a la delegación mexicana le acaba de ir muy mal ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), porque ni siquiera pudo proporcionar datos concretos sobre los altos niveles de inseguridad y violencia”.
La activista destacó que para avanzar en el país en materia de derechos humanos se requieren cambios institucionales de amplio alcance y en la percepción y formación de los servidores públicos, porque “muchas autoridades ubican a los defensores y defensoras de derechos humanos como enemigos, en lugar de aprovechar su experiencia, cercanía con las víctimas y su trabajo para fortalecer programas, estrategias, acciones; eso genera mayor clima de riesgo para quienes promueven este tipo de temas y para fortalecer a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a exigir garantías o protección”.