Reportaje: De refugiados a perseguidos

Angel Mario Ksheratto

• Los acuerdos, convenios y tratados para proteger a refugiados, son letra muerta para el INM
• Las violaciones a los derechos humanos en la frontera con Guatemala, son sistemáticas

«No me parece conveniente que cuenten en éste momento su historia, pero le dejo en libertad que haga lo que considere pertinente», dijo el defensor de los derechos humanos que, junto con una mujer de habla hispana perfecto, harían labor de acompañamiento a una familia salvadoreña que recién había recibido el beneplácito de la Dirección de Atención a Migrantes y Refugiados (DAMR), para ingresar a territorio mexicano en calidad de refugiada.

Poco antes de la intervención de los defensores de los derechos humanos, el hombre que encabezaba a la familia de cinco miembros, contó que tuvo que huir de El Salvador, ante la presión de una pandilla que le extorsionaba y que amenazaba con llevarse a su hija mayor, si se negaba a cooperar con ellos. Con él viajaban su esposa, una adolescente y dos niños; en su rostro tenían el signo de la desesperanza, pero al mismo tiempo, la sensación de estar a salvo en un país desconocido. Lo dejaron todo para preservar la vida.

En la oficina de la Dirección de Atención a Migrantes y Refugiados ubicada en la planta baja del Ayuntamiento de Suchiate, también hay desesperanza. No todos los que reciben la “constancia” de refugiados se salvan de las garras de elementos del Instituto Nacional de Migración, cuyos métodos para la captura, retención y expulsión de migrantes ilegales, a juzgar por instituciones defensoras de los derechos humanos, no varían en mucho con los utilizados por la administración de Donald Trump, en Estados Unidos.

Los migrantes que reciben el estatus temporal o definitivo de “refugiados”, son a menudo, detenidos, torturados y deportados a Guatemala, sin tomar en cuenta a su país de origen. La meta es expulsarlos de territorio mexicano.

Un empleado de la DAMR, explica que solo cuando hay menores de edad de por medio y son acompañados por organismos de defensores de los derechos humanos, el INM, se contiene y deja que éstos ingresen hasta Tapachula para que realicen otros trámites legales para permanecer, temporal o definitivamente, en México.

—¿Qué caso tiene entonces, otorgarles un documento oficial, legal, si la Migra no lo respeta? —se le pregunta al empleado de la DAMR—

—Son políticas propias del INM que nosotros no podemos contravenir, porque en seguida sufrimos represalias —responde y se niega a hablar del tipo de represión que padecen—.

Afuera de la diminuta oficina, otro empleado accede a hablar del asunto, pero, al igual que el primero, pide no ser fotografiado o que se grabe en video. «Tenemos compañeros y compañeras que han sido acusados, falsamente, de trata de personas e incluso, de tráfico de drogas; otros, han recibido amenazas de muerte o sencillamente, los persiguen a todas partes, hasta que, por miedo, dejan de colaborar con nosotros y las instituciones defensoras de los derechos humanos», cuenta.

Nicaragüenses, la mayoría de refugiados

Las solicitudes del estatus de refugiados, va en aumento. Es un promedio de entre 30 y 50 por día, la mayoría, de ciudadanos provenientes de Nicaragua, afirma la DAMR. Tal estimación —dice el entrevistado perteneciente a esa oficina que pidió ser identificado solo como Willy—, se debe a la crisis política del país centroamericano y agrega que casi todos los solicitantes de esa nación, alegan ser perseguidos políticos de la dictadura de Daniel Ortega.

Del resto de países del área, los migrantes afirman ser víctimas de persecución, violencia extrema, extorsión y amenazas de muerte, por parte de pandillas y elementos de las policías nacionales y el ejército. Aunque el 62 por ciento de las solicitudes de refugio son aprobadas, se estima que menos del 15 por ciento de los beneficiados, logra llegar a Tapachula, para buscar otras formas de ayuda legal.

En el parque de Tecún Umán o Ayutla, al otro lado del río Suchiate, Marisela, de 27 años, se abanica el rostro con las manos y sus dedos flacos. Parece de 15 años: delgada, de quizá un metro con 40 centímetros de estatura, piel amarillenta, cabello enjutado sobre la cabeza, ojos diminutos y los pies hinchados. «Si me invitás a comer, te hago lo que me pidás», me dice riendo, pero con la vista perdida hacia el frente suyo.

Cuenta que ha pasado hasta Tapachula infinidad de veces, pero no ha conseguido quedarse por más de una semana. Las dos veces que lo hizo como refugiada, fue deportada a unos minutos de haberse registrado en un hotel de paso en una ocasión y la otra, cuando bajaba de una combi del servicio público, en la terminal de esa ciudad.

«Soy de Honduras; salimos de San Pedro Sula, porque a mi marido lo acusaban de haber violado y asesinado a una cipota (niña) y lo buscaban para quemarlo vivo… Sí, mi esposo era drogadicto y todo eso, pero no era violador, ni matón. En la capital de Guatemala, nos quedamos un tiempo y un día, salió a buscar trabajo y nunca más regresó. De eso tiene cuatro años».

A Marisela, se le llenan de lágrimas los ojos cuando cuenta que antes de ser deportada por la Migra mexicana, fue violada tumultuariamente por agentes del INM. «Les mostré mi papel de “refugiada”, pero no me hicieron caso; igual me violaron y cuando se cansaron, me vinieron a dejar acá, solo con la misma ropa que traía puesta», afirma.

En la “Casa del Migrante” de Tecún Umán, una mujer abre el pesado portón y se disculpa por la ausencia de los directivos para conceder entrevistas y sugiere que se haga la solicitud por correo electrónico cuando menos, con dos meses de anticipación. Sin embargo, concede algunos números: «Tenemos 17 personas con el estatus de refugiados en México, pero fueron expulsados por Migración, por ser un documento inválido en ese país. Catorce son ciudadanos nicaragüenses, dos salvadoreños y un hondureño.» Y cerró la pesada puerta de metal.

Políticas públicas fracasadas

La política de protección a personas desplazadas que llegan a territorio mexicano implementadas por la Secretaría de Gobernación, son olímpicamente desechadas por el Instituto Nacional de Migración, componente de la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria, a la que también pertenece la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), que es la dependencia encargada de otorgar de manera transitoria o permanente, el estatus de refugiados a ciudadanos de otros países que tocan suelo mexicano.

El objetivo de “consolidar esfuerzos y compromisos del Estado mexicano para procurar ayuda, amparo y legalidad en materia de refugio y protección complementaria” a refugiados, es letra muerta para agentes del INM en la franja fronteriza con Guatemala, quienes ignoran no solo los protocolos y acuerdos interinstitucionales, sino el derecho de todo ser humano a recibir un trato digno.

Cientos de migrantes ilegales, con estatus de “refugiados” o no, optan por alternativas distintas, ante la negativa de ser reconocidos por la autoridad mexicana. Shiomara, de nacionalidad salvadoreña, muestra un papel donde se le ha otorgado la calidad de refugiada, tras huir de El Salvador, hace dos años. El papel, ya es ilegible, casi invisible.

Le fue otorgado hace año y medio; bajo esa condición, vivió tranquilamente cuatro meses en Tapachula, laborando en una pastelería, donde fue contactada por una agente del INM, quien al poco tiempo, la obligó a trabajar en un centro nocturno tapachulteco, bajo la amenaza de ser acusada de tráfico de drogas. Luego fue obligada a tener relaciones sexuales con otros agentes de la Migra y por último, deportada, cuando se negó a seguir siendo rehén de éstos.

Terminó sirviendo cervezas en un bar de mala muerte de Tecún Umán, donde también se prostituye. «No tuve de otra que seguir de puta en éste congal, porque si regreso a Tapachula, me desaparecen… Además, en dos años ya no soy lo que fui. Este no es el cuerpo que tuve, ni la cara que le gustaba a los chavos; con decirte que ni los viejos me buscan, ni porque les trabaje gratis», dice riendo sueltamente.

Diego es otro hombre que obtuvo el estatus de refugiado en México, pero fue deportado junto con su esposa, a quien un pandillero, hace años, sacó un ojo cuando trato de defender a su hija de entonces 14 años, de ser violada en Catacamas, departamento de Olancho en Honduras.

Los tres emigraron primero, a Guatemala y luego, a Chiapas. Con el apoyo de la COMAR y respaldo de la ACNUR, se instalaron en Puerto Chiapas, de donde finalmente, fueron deportados, cuando un vecino de esa comunidad, los acusó de ser migrantes ilegales. En Tecún Umán, él trabaja manejando un triciclo, su mujer vendiendo empanadas y su hija, ahora de 21 años, en un centro nocturno en la ciudad de Coatepeque, cercano a la frontera.

Refugio en “La Línea”

A unas cuadras de la oficina del Ayuntamiento de Suchiate, está la zona conocida como “La Línea”; es lunes y los bares están semiabiertos. «Solo atendemos a clientes conocidos», advierte la mujer que está parada en la puerta. He escondido la cámara para no asustarla. «Solo una cerveza, amiga, y nos vamos», le ruego. Asiente y nos deja entrar junto con el triciclero, con quien habíamos acordado un pago extra de 30 pesos y un par de cervezas al costo del recorrido, que fue de 40 pesos.

Nos atiende una chavala de unos 20 años, con el cuerpo tatuado hasta donde la escasa ropa deja ver. Es amable. En la mesa contigua, otra mujer extiende ropa interior femenina, donde el resto de ellas, se arremolina para comprar alguna prenda llamativa.

«Si me regalás una tanga de las que vende la señora, te contesto lo que me preguntás», dice afable. Roxana dice tener dos hijos varones, cuya paternidad desconoce. «Un descuido y te emabarazás de cualquier pendejo; no hay a quién pedirle pensión alimenticia y tenés que trabajar duro para mantener a los güiros (niños)», afirma con cierta resignación en la mirada.

Tiene el estatus de refugiada, pero teme ir a otra parte del país o de Chiapas, por miedo a ser finalmente, deportada. Asegura ser del municipio de Tiquisate, del departamento de Escuintla, Guatemala. Salió de su casa para escapar de los abusos sexuales de su padrastro, a quien “tasajeó” con una hoja de afeitar y por lo cual, purgó cuatro meses de prisión en su país, donde se tatuó casi todo el cuerpo.

«Mirá vos, yo soy clienta de la Migra; cada semana pasan por sus trescientos pesos para dejarme trabajar en paz. De lo contrario, me deportan y no quiero regresar a mi país», confiesa. Mientras hablamos, tres niñas salen del interior del bar; llevan puesto su uniforme escolar y son despedidas por quien parece ser su madre, la mujer que nos concedió el permiso para ingresar al local. Los hijos de Roxana, ahí viven también, según nos contó. La tanga costó 15 pesos.

Deportaciones ilegales

La Dirección de Atención a Migrantes y Refugiados, depende de la Organización Internacional para las Migraciones. Trabaja en conjunto con organismos de defensa de los derechos humanos e instituciones mexicanas para la protección y amparo de migrantes y refugiados.

Sus recomendaciones y sugerencias, son respetadas por todos los organismos pertenecientes, menos por el INM, cuyos elementos, deportan a los refugiados, aun cuando existen convenios oficiales previos de respeto a éstos. En la DAMR, aseguran que solo cuando hay acompañamiento de organismos defensores de los derechos humanos, se respeta el libre tránsito de éstos por territorio mexicano, pero apenas les dejan solos, los deportan, en muchas ocasiones separando temporalmente a los niños de sus padres, hasta que son abandonados al otro lado del río Suchiate.

Un defensor de los derechos humanos, confirma lo dicho por la DAMR y va más allá: «En muchas ocasiones, no pasan a los deportados por la aduana, sino que los suben a una balsa y los dejan abandonados en territorio guatemalteco en lugares solitarios, a expensas de delincuentes», denuncia.

Es, a todas luces, una deportación ilegal, a la que anteceden torturas psicológicas y físicas. «Muchos de los que reciben el estatus de refugiados, regresan a los dos o tres días con señales de tortura (moretones, escoriaciones, golpes y hasta agujeros en el cuerpo, donde les pusieron picanas para obligarlos a dar números de cuenta o teléfonos de familiares) y aseguran que esos daños los recibieron en Migración», afirma otro funcionario de la DAMR.

Polo y Darío, son dos jóvenes nicaragüenses que dan fe de la denuncia anteriormente expuesta. Con el documento que los acreditaba como “refugiados”, intentaron alcanzar la frontera de México con Estados Unidos, para ponerse a salvo de la persecución política del régimen sandinista. En la garita migratoria de Nuevo México, cercana a Tapachula, fueron detenidos. Durante dos días, los agentes migratorios los vejaron, golpearon y torturaron para posteriormente, dejarlos en manos de tres hombres y una mujer que los llevaron a una casa particular en un lugar que no alcanzan a reconocer.

Ahí, bajo amenazas y torturas, fueron obligados a contactar a sus familiares en Managua, quienes tuvieron que pagar casi 14 mil córdobas (unos 8 mil pesos), a cambio de su libertad. Ahora deambulan por las calles de Tapachula, sin empleo y sin dinero… y sin el documento de refugiados que los ampare, puesto que les fueron decomisados en Migración.

En resumen: ¿con qué autoridad moral se exige a Estados Unidos respetar a nuestros connacionales si aquí las violaciones a sus derechos son sistemáticas?

¿Qué autoridad frenará tales abusos?