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Historia de Redacción/SinEmbargo• Sin Embargo
La Secretaria de Seguridad resaltó que 24 mil personas se encuentran privadas de la libertad sin tener una sentencia, lo que es una falta de justicia a nivel federal por indolencia de jueces.
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2024./ Historia de Redacción/SinEmbargo• Sin Embargo.-Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó esta mañana un informe de algunos de los casos recientes o más significativos de las fallas del Poder Judicial, como los casos en que jueces otorgan libertad a delincuentes en fines de semana, en que benefician presuntos delincuentes, los pendientes de sentencia, y los casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión.
Desde Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad expuso, en una primera parte, los casos de jueces que otorgan libertad a delincuentes en fines de semana, también llamados coloquialmente “sabadazos”.
El primer caso fue de Gregorio Salazar Hernández, Juez de Distrito adscrito al centro de justicia penal federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó la libertad de Jannet Miriam “N”, colaboradora del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tras ser detenida por peculado y delincuencia organizado.
Otro caso es el de Andrés Escamilla González, Juez de primera instancia penal del Quinto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa, señalado por liberar a Vicente Javier “N”, alias “El Cholula”, presuntamente parte de un grupo de secuestradores encabezado por uno de los cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El Cholula” fue beneficiado por sentencia absolutoria, a pesar de estar detenido por los delitos de robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, y privación ilegal de la libertad.
El siguiente caso fue el de Adrián Leobardo Ríos González, Juez de lo penal, de preparación, de juicio oral penal y de narcomenudeo del estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por ordenar la liberación inmediata José Eliseo “N”, alias “El Charal”, asociado al grupo de los Zetas, detenido por homicidio calificado.
También la maestra Angélica Sánchez Hernández, Jueza de control del Juzgado de proceso y procedimiento penal oral en Cosamaloapan, Veracruz, otorgó la libertad a Itiel “N”, alias “El compa playa” integrante del CJNG, acusado de homicidio doloso calificado y agravado; el licenciado Rogelio León Díaz Villarreal, Juez de distrito adscrito al centro de justicia penal federal en el estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez, decidió no vincular a proceso a Abraham “N”, mejor conocido como “Rodo”, hermano de “El Mencho”.
Asimismo, Daniel Ramírez Peña, Juez de distrito en su carácter de Juez de control del centro de justicia penal federal en el Estado de México, otorgó el cambio de medida cautelar y la libertad a Angélica “N”, alias “La Gorda”, cuñada y presunta operadora financiera de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
La Secretaria expuso a Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza Primera de Distrito en el estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, por la sentencia absolutorio de Pedro Antonio “N”, alias “El Manchas”, presunto halcón de los Zetas, acusado de delincuencia organizada; Diana Monserrat Partida Arámbulo, Jueza Sexta de Distrito Especializado en ejecución de penas de la Ciudad de México, por ordenar la libertad anticipada de Marcelino “N”, conocido como “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a pesar de ser acusado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Rodríguez Velázquez continuó con José Luis Hernández Hernández, Juez de Distrito Adscrito al centro de justicia penal federal en el estado de Coahuila, por liberar anticipadamente a Guillermo “N”, “El Memo”, hermano de Jorge Flores Conchas “El Tortas”, integrante de la fuerza Anti-Unión Tepito, acusado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
De la misma forma, Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ordenaron la prisión domiciliaria a Jesus “N”, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y relacionado al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al conceder una suspensión definitiva al considerar que no existía riesgo de fuga y por un deterioro irreversible de su salud.
También la liberación de los “Fabianes de la Ronda 88”, gracias a Rober Omar Paredes Gorostieta Femat, Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal federal en la Ciudad de México, pues determinó ilegal la detención de tres personas y decretó su liberación.
La Secretaria recordó el caso de Alejandro “N”, acusado de abuso sexual en contra de su sobrina de cuatro años, quien recibió una sentencia absolutoria por parte de Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlanepantla del Poder Judicial del Estado de México, ya que consideró que faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual de la menor y pasó por alto el Protocolo de Juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, pues las y los menores no están obligados a referir circunstancia de lugar, día y hora debido a su edad.
Otra de las presentaciones fue el caso del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, en el que Javier “N”, el procesado y expareja de la víctima, fue amparado por parte de magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento del delito, por parte del Juez de Control, ya que afectaba su libertad personal y trastocaba sus derechos constitucionales.
Finalmente, concluyó la sección con el caso en que magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito de Jalisco, regresaron bienes de lujo asegurados, que presuntamente pertenecían a 13 personas integrantes del CJNG.
El tercer apartado, los casos de procesados sin sentencia, Rosa Icela Rodríguez señaló que la falta de justicia a nivel federal por indolencia de jueces tiene a alrededor de 24 mil personas en procesos penales sin sentencia, de las cuales cuatro mil 520 están sujetas proceso que ha durado más de un año, cuando deberían ser juzgadas antes de cuatro meses, según el Artículo 20 constitucional.
La Secretaria de Seguridad acusó que esa conducta es una “evidentemente parcial e injusta”, lo que la convierte en una “obstaculización y abuso por parte de las autoridades judiciales”.
Rodríguez Velázquez expuso los casos de Israel Vallarta, quien lleva 18 años y nueve meses privado de la libertad; los de Giovanny Fernando Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, detenidos desde 2013, y que luego de 11 años y dos meses no han tenido sentencia; el de Gabriel Hernández Gámez, quien lleva ocho años y 11 meses privados de libertad.
Por último, en los casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión, la Secretaria exhibió a la Jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; el Juez Juan Fernando Alvarado López tampoco autorizó la orden de aprehensión en contra del exgobernador por la modalidad de lavado de dinero y defraudación fiscal.
También el caso del Juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados del Primer Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito –Alberto Torres, Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y GabrielaGuadalupe Ramírez Escobar– quien decidieron negar la orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito, al argumentar que no basta con que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes.
Otra persona a la que se le han negado órdenes de aprehensión es al exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, por parte de los magistrados del Novena Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Primer Circuito; así como contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.