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+ El representante petista, Pedro Vázquez, intentó persuadir a los consejeros de devolver nuevamente el asunto a investigación, sin embargo, los consejeros lo rechazaron.
Reforma
CIUDAD DE MEXICO, 03 de septiembre de 2021./Reforma.- El Instituto Nacional Electoral confirmó una multa de 119 millones 870 mil 694 pesos al Partido del Trabajo por desviar, al menos, 59 millones 935 mil pesos de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) de Nuevo León al partido.
El representante petista, Pedro Vázquez, intentó persuadir a los consejeros de devolver nuevamente el asunto a investigación, sin embargo, los consejeros lo rechazaron.
También acusó al órgano electoral de violencia política de género, por dejar claro que María Guadalupe Rodríguez, a quien le atribuyen el desvío como directora general de dichos centros escolares, es esposa del líder nacional de ese instituto político, Alberto Anaya, pues eso ni siquiera debería mencionarse, al no estar en el caso.
«Se afirma falsamente que la cuenta bancaria de los Cendi a nombre de la profesora María Guadalupe es una cuenta personal, esta cuenta fue aperturada por el Gobierno del estado para depositar los recursos de los Cendi. Ésta es una cuenta productiva y es mancomunada.
«Se omite decir que ese dinero se utilizó para pagar los sueldos de más de 745 trabajadores de los centros de enseñanza, estos son maestros, maestras, educadoras, educadores, psicólogos, pedagogos, afanadores, técnicos, empleados, nutriólogos, choferes, cocineras, trabajadoras sociales», aseguró.
El dictamen aprobado establece que Rodríguez recibió en su cuenta personal, entre 2015, 2016 y 2017, 260 millones de pesos de parte del Gobierno del estado de Nuevo León, los cuales tenían como finalidad destinarse a la operatividad de los 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en la entidad, de los que es directora general.
De esos recursos, la también integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Nuevo León, depositó 123 cheques a Héctor Quiroz García, comisionado político nacional de ese partido en Aguascalientes, por 59 millones 935 mil pesos.
Ese petista argumentó que estaba autorizado por la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad, organización del PT que dirige los Cendis en todo el País, para abrir una cuenta mancomunada con el contralor de ese partido, Carlos Hugo Castañeda Garay, para apoyar la operación de los Cendis, y ese dinero era un préstamo a NL.
Sin embargo, ni en las cuentas de la esposa de Anaya ni en las de Quiroz, se encontraron dichos retiros y depósitos para presumir que era el pago por una deuda.
Lo que sí detectó la Unidad de Fiscalización fue que Quiroz realizó depósitos por 32.8 millones a Elsa Lilia Peinado Pérez, militante del PT.
En el contrato de apertura de la cuenta donde se realizaron depósitos durante 2015, 2016 y 2017, ella informó: «Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de productos y servicios del banco que estoy solicitando, proceden de fuentes lícitas y que pertenecen a un tercero: Partido del Trabajo».
Ante esto, durante la sesión del Consejo General, Vázquez cuestionó a los consejeros si era suficiente esa inscripción en el contrato para aseverar que dicho dinero llegó a manos de la dirigencia nacional del PT, pues esto nunca sucedió y ella abrió dicha cuenta de manera unilateral.
«Esa previsión legal existe desde hace varios años, precisamente para detectar posibles orígenes ilícitos de recursos que se introducen al circuito bancario. Es decir, tiene que ver hasta con lavado de dinero.
«Es un indicio muy fuerte que adminiculado con todos los demás, por ejemplo, con quién le entrega el dinero a Elsa Peinado, queda acreditado y se lo entrega a un dirigente de partido, a otro integrante con un cargo administrativo dentro del partido que declara que los recursos provienen del partido.
«No es cualquier declaración privada, es una declaración con responsabilidades legales», respondió el consejero Jaime Rivera.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que una persona no abre una cuenta bancaria mintiendo sobre los fines para los que fue abierta.
La investigación es resultado de una queja presentada por el PRI en el 2017, sin embargo Córdova informó que en dos ocasiones, una de ellas el miércoles, el PRI desistió de ésta.
No obstante, aclaró, un expediente no se puede cerrar porque el partido lo pida. Además, abundó, la investigación iba más allá de una queja partidista.
La consejera Carla Humphrey aseguró que tanto este caso como el de Delfina Gómez deberían ameritar una reflexión en los partidos sobre las ilegalidades que están cometiendo.
«Estoy convencida de que debe llevarse a cabo la reflexión profunda acerca del necesario fortalecimiento y blindaje de la función fiscalizadora de esta autoridad, pero también hago un llamado a la corresponsabilidad de los partidos políticos y que, en su carácter de entidades de interés público, ajusten su conducta a los cauces legales e institucionales sin pretender excepción alguna», apuntó.
Se confirma que se da vista a diversas dependencias para que investiguen si el resto de los depósitos, que involucran a 14 militantes del PT, son ilegales y se tomen medidas.