Secretaría de Hacienda presenta denuncia por evasión fiscal contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

+  La carpeta de investigación iniciada por este caso en la FGR se ha trabajado de manera paralela a la indagatoria que ya fue judicializada en contra del matrimonio por el presunto desvío de recursos públicos con empresas fantasma, y que dio paso a órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

Arturo Angel./Animal Político

CIUDAD DE MEXICO, 15 de octubre de 2021./Arturo Angel./Animal Político.- La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran bajo investigación por una presunta evasión fiscal que asciende a 16 millones de pesos la cual, una vez concluidas las indagatorias, dará paso a una nueva acusación en su contra.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó, como parte de un proceso de fiscalización en torno a estas personas, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles hechos de defraudación fiscal.

La carpeta de investigación iniciada por este caso en la FGR se ha trabajado de manera paralela a la indagatoria que ya fue judicializada en contra del matrimonio por el presunto desvío de recursos públicos con empresas fantasma, y que dio paso a órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

Gómez Mont publicó este jueves en sus redes sociales que tenía conocimiento de que se estarían girando nuevas órdenes de aprehensión en su contra por delitos fiscales pese a que, sostuvo, ya había llegado en su momento a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Calificó de “abusiva” la actuación de las autoridades y dijo sentir temor de la ofensiva legal iniciada en su contra.

Lo que los funcionarios consultados por este medio confirmaron es que todavía no existen nuevas órdenes de arresto en contra de la conductora y su esposo, pero confirmaron que se detectaron diversas irregularidades en sus movimientos y declaraciones fiscales entre los años 2015 y 2019, por los cuales se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Las anomalías, en números redondos, ascienden a 14 millones de pesos en el caso de la conductora y a dos millones de pesos en el caso del empresario. Dichos recursos no fueron declarados ni reportados ante las autoridades tributarias, por lo que se advierte la comisión de un posible delito de evasión fiscal.

Aunque sí hubo un proceso de conciliación, la FGR y la SHCP estiman que los delitos ya se cometieron y, por tanto, prevén llevar el caso a los tribunales para que se judicialice y se inicie el proceso penal correspondiente. Indicaron que esto estaría ocurriendo en las próximas semanas.

De acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, la comisión de un delito de defraudación fiscal amerita, para quien sea encontrado culpable, una pena de tres a nueve años de prisión. El mismo artículo señala que aun cuando el monto de la defraudación sea restituido de inmediato y en su totalidad la pena no se extingue y solo se reduciría en un 50%.

No se trata de un delito que amerite prisión preventiva automática, sin embargo, la FGR podría solicitar en una eventual audiencia inicial la medida cautelar de prisión preventiva justificada ya que, actualmente, tanto a Gómez Mont como a su esposo se encuentran en calidad de prófugos.

La UIF los denunció desde 2019

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP denunció desde 2019 al despacho Álvarez Puga & Asociados y a la conductora Inés Gómez Mont ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación De Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR por posibles operaciones de lavado de dinero a gran escala.

De acuerdo con autoridades federales, trabajos de inteligencia realizados a partir de la emisión de varias alertas en el sistema financiero permitieron identificar el involucramiento de los hermanos Álvarez Puga en cientos de operaciones irregulares a través del uso de empresas factureras en distintos niveles y usos.

Dichas compañías, se presume, fueron utilizadas para diversas actividades ilícitas, desde facilitar a terceros esquemas fiscales agresivos (posibles evasiones y fraudes), hasta para el desvío de recursos públicos y su triangulación, ocultamiento y salida del sistema financiero.

Los trabajos de inteligencia, de los que la UIF ha continuado aportando nuevos datos y evidencias desde 2019 incluyen hechos irregulares que siguen bajo investigación y aun no llegan a los tribunales. Las indagatorias siguen en curso.

Hasta el momento, la FGR ha judicializado una de las indagatorias que fue la relacionada con el presunto esquema criminal a través del cual se desviaron cerca de tres mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación hacia la red de empresas factureras supuestamente vinculadas con Gómez Mont. Los detalles de cómo se dio esta operación fueron revelados por Animal Político.

Por el referido caso se han girado hasta el momento 12 órdenes de aprehensión en contra de Víctor Álvarez Puga, de Gómez Mont, y de una decena de exservidores públicos implicados en las irregularidades.

Cumplen un mes prófugos

Esta semana la conductora y su esposo cumplieron un mes en calidad de prófugos de la justicia, luego de que el pasado 10 de septiembre se girara una orden de aprehensión en su contra a petición de la FGR. A partir de esa orden también se procedió con la solicitud de emisión de una ficha roja de Interpol.

La orden de arresto fue girada por el juez federal Iván Aarón Zeferin Hernández, adscrito al Centro de Justicia Federal del Altiplano. Se trata del mismo juez que ha ordenado arrestos solicitados por la FGR en contra de prominentes figuras públicas como el expresidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, o el aún gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

Dicho juez ha sido señalado públicamente por el PAN de estar supuestamente coludido con la FGR para favorecerla en diversos procesos.

De ser detenidos, Álvarez Puga y Gómez Mont tendrían que ser trasladados ante el referido juez para una audiencia inicial. Dado que el delito de delincuencia organizada que se le imputa es de prisión preventiva automática, el empresario sería recluido en el penal del Altiplano mientras que la conductora será remitida a una cárcel federal femenil.

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