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08 Junio 2017
Mario Tassías
La idea de fortalecer la prevención de violaciones de derechos humanos en la relación entre empresas y la sociedad, pasa por un momento de consultas que culminarán en el Borrador del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH).
La tarea empezó en febrero en la Ciudad de México. Con esa finalidad se han celebrado Foros de Socialización y Consulta del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en algunas ciudades del país, el pasado 2 de junio tuvo como sede Tuxtla Gutiérrez.
En la capital de Chiapas, participaron representantes de los empresarios, personificados en Arnulfo Cordero Alfonso y Jacinto Robles Ramírez, además de María Elena de la Cruz Cruz, represente del grupo de mujeres artesanas de Zinacantán, conjuntamente funcionarios como Ricardo Sepúlveda Inguíniz, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y funcionarios de organismos afines al tema.
Durante el evento se habló de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos; fue presentado el documento borrador del Programa Nacional de Empresas y Derechos humanos y se llevaron a cabo trabajos de consulta en dos mesas de trabajo. El documento que se generará en estas mesas de trabajo será considerado como un borrador hasta que no sea puesto a consideración y validado por los actores principales del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.
La ONU indica que los principios rectores sobre empresa y Derechos Humanos se basan en la obligación del Estado de proteger contra las violaciones a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, evitar abusos a los derechos humanos donde sea y como sea que lleven a cabo sus operaciones y los Estados y las empresas están obligados el acceso a mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que tengan relación con el actuar de las empresas.
Recientemente, el informe “Situación de los derechos humanos en México”, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, identificó 7 factores que provocan la violencia en México y por tanto la violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
El documento subraya que las fuerzas privadas han surgido ante “la incapacidad de las fuerzas estatales de seguridad” en el país; “Cuando estas empresas privadas llegan a cometer violaciones a los derechos humanos, el Estado puede ser responsable, ya que la garantía de los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana implica responsabilidades estatales en la materia”.
Según la CIDH, la proliferación de las fuerzas privadas de seguridad en México es un fenómeno nuevo, pero progresivo. Otro punto de preocupación es la “creciente tendencia” de que empresas privadas operen cárceles, por la falta de regulación adecuada.
En este contexto, se patentiza que el gobierno no acepta que México vive una grave crisis de derechos humanos. Ni reconoce que el país vive niveles críticos de impunidad, que violan garantías y que es deficiente la atención a las víctimas.
De ahí la trascendencia por interesar al sector para que incorpore dentro de sus políticas, la responsabilidad social empresarial. Falta mucho camino en este terreno, más si recalcamos que en México hay aproximadamente 55 millones 300,000 personas en situación de pobreza, de las cuales 11 millones 400,000 viven en situación de pobreza extrema. Casi la mitad de la población mexicana (46.2%) vive en situación de pobreza, mientras que el 1% más rico de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país.
Así el Foro de Socialización y Consulta del Programa Nacional de Empresas y Derechos humanos, tienen en primer término la responsabilidad de que cada individuo se incorpora a la sociedad y se colectivicen las empresas privadas. En términos de subjetividad, socializar significa establecer y promover las condiciones sociales que, al margen de las relaciones con el Estado, beneficien el desarrollo integral de la personas.