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México, D. F., 03 de Diciembre de 2013.- El Senado aprobó en lo general y en comisiones la reforma política, sin apenas discusión, ya que el debate se dará en lo particular, en más de 50 artículos que están reservados.
La reforma se aprobó con 29 votos a favor, de los senadores del PRI, PAN, PVEM; 2 votos en contra del PT, y 4 abstenciones -3 del PAN y una del PANAL -, ya que el PRD mantuvo la decisión de no participar. Cuando se iba a votar el dictamen, los perredistas se presentaron a la sesión y en voz de Alejandro Encinas, fijaron postura.
El legislador resaltó que además de no estar de acuerdo con el proyecto de reforma política, no van a convalidar que ésta se haya convertido para algunos en “moneda de cambio para vender su voto en la reforma energética”.
Recalcó: “No queremos convalidar un proceso donde se haga un trueque legislativo de unas reformas por otras. No podemos ser parte de un proceso legislativo, fuera del Senado, donde no sólo se plantean los contratos de utilidad compartida, sino que se pierde el dominio de la nación sobre el petróleo y la electricidad y se da pie a la venta de activos”.
El senador Encinas resaltó que hay varios puntos del proyecto de dictamen con los que están en contra. Uno de ellos es el referente a las causales de nulidad de la elección. Expuso que si bien se contempla que la elección pueda anularse por rebasar el tope de campaña, tanto el gobierno federal como el PRI insistieron en introducir el factor de “determinancia”. Ese criterio fue el que emplearon las autoridades electorales en el 2006 para no anular la elección, como lo demandó el entonces candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, resaltó.
Dijo que las autoridades reconocieron la intervención indebida del entonces presidente Fox y otras irregularidades, pero consideran que no fueron determinantes en el resultado que favoreció a Felipe Calderón, que ganó con menos de un punto.
En el dictamen aprobado en lo general e propone crear un nuevo organismo responsable de los comicios en todo el país, que sustituirá al actual Instituto Federal Electoral (IFE), con nuevas atribuciones y una forma distinta de elegir a los consejeros, que incluye la facultad para que la Suprema Corte sea la que los designe, en caso de retraso del proceso en la Cámara de Diputados.
Asimismo, se posibilita la existencia de gobiernos de coalición, se eleva de 2 a 3 por ciento el umbral para obtener y mantener el registro de partidos políticos, se reduce en dos meses la toma de posesión del presidente electo, que será a partir del 2018 será el primero de octubre y se posibilita la reelección de legisladores y de alcaldes.
La reforma convierte a la Procuraduría General de la República ( PGR) en una fiscalía autónoma, cuyo titular será nombrado por el Congreso, pero esos cambios tendrán vigencia hasta el 2018.
Asimismo, la reforma da la facultad a la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y al Senado de la República, de ratificar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Igualmente, los diputados deberán ratificar al secretario de Hacienda y los senadores al titular de Relaciones Exteriores.
En cuanto a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), se acordó al final que sólo asuma algunas de las tareas que ahora realizan los institutos electorales locales. Otro punto muy discutido fue la remoción de los actuales consejeros del IFE, que al final se decidió.
Durante la reunión de comisiones unidas de Puntos constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y Estudios legislativos del Senado, los senadores René Juárez Cisneros y David Penchyna del PRI gritaron a ciudadanos que se manifestaban en el lugar: «cállense» y «ustedes no tienen participación».