MEXICO, DF., 27 de Noviembre de 2013.- A casi un año de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión de su cargo, no ha habido resultados para frenar las violaciones de derechos humanos en el país, advirtió Human Rights Watch (HRW).
Mediante una carta enviada al titular del Ejecutivo federal, el director de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que al asumir la Presidencia, Peña Nieto encontró a un país “sumido en una crisis de derechos humanos”, con una impunidad casi absoluta ante los “abusos generalizados”, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El especialista encomió que el gobierno actual ha adoptado algunas medidas positivas en este ámbito, como promulgar la Ley General de Víctimas y reconocer la magnitud del problema de las desapariciones.
Sin embargo, lamentó, “a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”.
Para sustentar su afirmación, Vivanco puntualizó que las fuerzas oficiales de seguridad siguen cometiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas
Además, apuntó, “hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr el objetivo de reducir la violencia. Por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor”.
De igual forma, HRW indicó que el gobierno de Peña Nieto “ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre”.
En una larga misiva, el colectivo de derechos humanos recordó también que aunque reconoció la existencia de una lista —elaborada por el gobierno anterior— de más de 26 mil víctimas de desaparición y prometió depurar esa relación, la administración actual “no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados”.
Además, deploró, el gobierno del mexiquense “no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales” ocurridos en décadas anteriores, no ha acotado el fuero de la justicia militar ni ha hecho lo suficiente por evitar que periodistas y defensores de derechos humanos dejen de ser atacados.
Todo lo anterior, enfatizó Vivanco, demuestra que la administración de Peña “ofreció escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por su predecesor, los cuales aún persisten y continúan impunes en la actualidad”.
A pesar de ello, HRW consideró que en el resto de su sexenio, el Presidente “tendrá tiempo razonable para revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuanto más tiempo espere para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas”.