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+Aprueba el Senado en lo general el Sistema Nacional Anticorrupción.
MÉXICO, D. F., 21 de abril de 2015.- Con reproches y críticas por no modificar el fuero al presidente de la República para ser enjuiciado por casos de conflicto de interés, cohecho y abuso de facultades, el Senado aprobó, en lo general, por 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, las modificaciones a 14 artículos constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción.
Este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción le otorga más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el gasto público; crea una Fiscalía Especial Anticorrupción; convierte al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA) en Tribunal Especial para casos de corrupción con una Sala Superior de 16 magistrados, designados todos por el presidente de la República y ratificados por el Senado.
Además, ratifica las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La nueva burocracia creada por el Sistema Nacional Anticorrupción incluye un Comité Coordinador integrado por el titular de la ASF, el fiscal anticorrupción de la PGR, el presidente del TJFA, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco “destacados” especialistas en temas como rendición de cuentas.
La aprobación en el Senado –con la mayoría de votos de PRI, Verde, PRD y PAN– se realizó bajo la presión también de las ONG que participaron en la elaboración de este dictamen, las cuales solicitaron a los legisladores votar a favor de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.
Entre estas organizaciones se encuentran la Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana, México Evalúa, Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano de la Competitividad.
En los posicionamientos a favor de la reforma, los legisladores priistas Enrique Burgos, de la Comisión de Puntos Constitucionales; Cristina Díaz, de Gobernación, así como el Verde Pablo Escudero, de la Comisión Anticorrupción, y Alejandro Encinas, de Estudios Legislativos Segunda, argumentaron a favor de las reformas, aunque admitieron que aún son incompletas para combatir la corrupción.
En principio, el senador Manuel Bartlett, del PT, criticó la minuta porque no analiza el origen de la corrupción “ni actuará en contra del presidente de la República” y tampoco regulará el poder de las empresas trasnacionales, entre otros puntos.
Irónico, Bartlett calificó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción como un “demiurgo” que no ayudará “porque la voluntad política no se legisla”.
Luego afirmó que los recientes escándalos de corrupción en el entorno de Peña Nieto se hubieran evitado y sancionado con los instrumentos jurídicos ya existentes.
A nombre del PRD, el senador Armando Ríos Pitter consideró que en un año el nuevo sistema podría dar resultados, siempre y cuando “se quite el fuero para legisladores, presidentes municipales y presidente de la República”.
Dolores Padierna, del mismo partido, criticó las limitaciones de la reforma porque la ASF no fiscalizará “en tiempo real”, sino que sólo lo hará para preparar las auditorías. “Hay grandes vacíos” y “una gran dependencia hacia el Ejecutivo federal”, acusó.
No obstante, admitió la legisladora perredista, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es un avance, pero “en sólo 5 centímetros de los 5 kilómetros que son necesario recorrer”.
El senador del PAN, Javier Corral, advirtió que sólo son reformas en el ámbito administrativo, no en el penal. Al insistir en la necesidad de reformar el artículo 108 constitucional, Corral calificó de “incomprensible, inadmisible y, por lo tanto, deplorable que no abarque al presidente de la República”.
Corral, junto con otros legisladores de su partido como Roberto Gil Zuarth o Ernesto Cordero, presentó reservas para reformar el 108 constitucional para que el presidente de la República pueda ser juzgado por conflicto de interés, cohecho, abuso de facultades y funciones.
En respuesta a las múltiples críticas y reservas sobre el artículo 108 constitucional, el senador del PRI, Omar Fayad, afirmó que la demanda de quitarle fuero al presidente de la República es “populista”, y recordó que el fuero “no es un pasaporte de impunidad para nadie, menos para el presidente. No nació así. Nació para proteger a los políticos de sus opiniones”.
Por su parte, el senador del PRD Mario Delgado insistió en que “si el presidente de la República no puede ser juzgado por corrupción, nada va a cambiar”.
A lo largo del debate se mencionaron ampliamente los casos de la Casa Blanca de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera; las mansiones de Luis Videgaray, titular de Hacienda; de Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y hasta el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACM).
Se fortalece también, expresaron, al Tribunal de Justicia Administrativa.
En contraparte, senadores del PAN, PRD y PT advirtieron que, aunque se trata de un paso importante para castigar a los funcionarios que se enriquecen con los recursos que son de todos los mexicanos, hay vacíos en la reforma que deberán cubrirse a la brevedad o de lo contrario ese Sistema Nacional Anticorrupción será inviable.
El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió que de inmediato se comience a dictaminar la minuta para reforma el artículo 108 Constitucional, ya que el fuero de los servidores públicos, “en lugar de inmunidad, permite la impunidad” del ejecutivo federal y los demás funcionarios.
El senador del PAN, Javier Corral, resaltó que el haber dejado sin tocar el artículo 108 responde a “un pacto de impunidad entre sectores”, toda vez que “la corrupción navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política”. Recalcó que se trata de reformas en el ámbito administrativo, no penal.
Igualmente, el también senador del PAN, Ernesto Cordero, recalcó que la corrupción en México es un cáncer y el remedio que se da en la reforma “es una aspirina”, porque no sólo el Presidente de la República queda fuera. No se podrá sancionar a los gobernadores y presidentes municipales, ni los llamados “moches” de legisladores que se benefician con la gestión de recursos presupuestales. Queda fuera también el seguimiento de los recursos millonarios asignados al Congreso.
Los panistas presentaron reservas, a fin de incluir esos temas, entre ellas al 108 Constitucional, a fin de que el ejecutivo federal sea juzgado no sólo por tradición a la patria, sino también por conflicto de interés, cohecho y otros actos de corrupción.
A su vez, el perredista, Armando Ríos Piter, señaló que tal como se aprobó la minuta, el fuero impide que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, un monumento a la corrupción”, similar al de la “Colina del Perro” del entonces presidente José López Portillo.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue la primera propuesta de campaña de Peña Nieto y ayer se aprobó con tres años de retraso “para tratar de lavar su escándalo por la Casa Blanca o los conflictos de interés en que ha incurrido su administración”. Se trata, insistió, de “un regalo” para el Presidente de la República en pleno proceso electoral del próximo 7 de junio.
La también legisladora del PRI, Graciela Ortíz, pidió “no ver la paja en el ojo ajeno” y advirtió que las nuevas facultades de la ASF permitirán revisar ejercicios anteriores, entre ellos el del gobierno del Distrito Federal por la línea 12 del Metro.
Durante la discusión se mencionaron en tribuna diversas cifras sobre el impacto de la corrupción. El senador Encinas recalcó que el costo para la economía es enorme, ya que en diez años México perdió 86 mil millones de dólares por actos de corrupción, que han provocado además, que la inversión extranjera disminuyera al 50 por ciento, según datos de la ASF.
Lamentó que la corrupción se haya convertido en un mal endémico y en una forma de hacer gobierno, pero también en una forma en que a la sociedad enfrenta los problemas para resolver muchos de sus trámites.
La priista Cristina Díaz, resaltó: “Nos duele, nos preocupa y nos ocupa que México se ocupe en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el índice global de impunidad 2015”.
La reforma se aprobó en lo general con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, luego de seis horas de discusión, ya que hubo cerca de 30 oradores, una buena parte de ellos, que repitieron una y otra vez lo expresado ya por sus antecesores.
Falta la aprobación en lo particular de ese Sistema Nacional Anticorrupción, hay 35 reservas, por lo que la discusión podría prolongarse por varias horas más.