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+ Evitar a toda costa la revictimización de las personas que han sido violentadas: Parache Reyes
+ El Estado tiene la obligación de otorgar atención y orientación jurídica, servicios médicos y psicológicos
TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 04 de Agosto de 2015.- Alrededor de mil 500 policías entre estatales, municipales, ministeriales, grupo beta, asociaciones civiles, personal del Ejército Mexicano, jueces, magistrados, estudiantes de la carrera de derecho, presenciaron en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, la conferencia denominada, «Los derechos de las Víctimas y los Deberes del Estado», impartida por la Visitadora Adjunta del Programa de Atención a Víctimas, Ivonne Parache Reyes, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un trabajo conjunto entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), la CNDH y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), llevaron a cabo estas reuniones, con la finalidad de dar a conocer la nueva Ley que protege a las personas que han sido víctimas de algún delito, dicha disposición entró en vigor en Chiapas el pasado 20 de mayo del presente año.
Durante su participación Parache Reyes destacó, «el poder público está sometido a la Constitución, al igual que los ciudadanos, y es a través de la Ley General de Atención a Víctimas y de la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas, que todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno de acuerdo con sus facultades, tendrán que proporcionar los servicios de atención y orientación jurídica, salvaguardando la integridad de las personas».
Para esto, el Estado en primera instancia tiene que reconocer, garantizar, promover, difundir, y establecer los mecanismos por los cuales al tener estos derechos la ciudadanía y establecidos en la constitución uno los pueda ejercer, y por lo tanto, tendrán que otorgar los servicios médicos y apoyos psicológicos.
Parache Reyes destacó, «se tiene que trabajar para la reparación del daño y en consecuencia buscar los mecanismos institucionales para la no repetición de cualquier agresión, y evitar en todo momento la revictimización, hacer hincapié a la víctima en todo el proceso penal, aportando pruebas y coadyuvando con el ministerio público».