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Infobae
CIUDAD DE MEXICO, 18 de abril de 2020./Infobae.- Después de que se dieran a conocer los documentos que revelaban una investigación masiva por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacia el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia, así como a numerosos miembros de su gabinete, la dependencia federal confirmó que lleva a cabo este tipo de procedimientos con el fin de detectar posibles actos de corrupción.
Por medio de una tarjeta informativa, la Secretaría mencionó que estas revisiones se llevan a cabo bajo un riguroso proceso en apego a la legalidad y “sin filias ni fobias”. También dijo que la institución cuenta con las “atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, actuales y pasados, de la administración público federal”.
Este tipo de procesos, desde la perspectiva de la SFP, forman parte de una “columna vertebral” del nuevo régimen en relación a la rendición de cuentas. En este sentido, la dependencia señaló que uno de los elementos de más relevancia para garantizar el correcto análisis de la evolución patrimonial es no revelar información sobre los procedimientos, mismos que se llevan a cabo “de manera objetiva y sin prejuzgar”.
La Secretaría también destacó que el hecho de que un funcionario actual o pasado, se encuentre bajo una investigación de sus declaraciones patrimoniales no quiere decir que haya una acusación en su contra y tampoco “implica alguna presunción respecto a la comisión de una irregularidad”.
La SFP puntualizó que las investigaciones no quieren decir que haya una acusación y tampoco “implica alguna presunción respecto a la comisión de una irregularidad”.
Cabe mencionar que la SFP, desde el inicio de la administración de López Obrador, ha abierto 133 expedientes de evolución patrimonial, por lo que este tipo de procedimientos, dijeron, deberían entenderse como “una regla del continuo trabajo para vigilar el buen desempeño de los servidores en áreas estratégicas”.
Además, la dependencia también solicitó a los medios de comunicación que se mantuviera un ejercicio periodístico responsable y se informara a la sociedad “sin afectar derechos fundamentales de terceros, como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia”.
Las investigaciones sobre Peña Nieto, sus familiares cercanos y miembros de su gabinete
Este viernes, Univision y El Universal dieron a conocer documentos con los cuales se demostraba que la SFP había ordenado rastrear las cuentas y movimientos financieros del expresidente Enrique Peña Nieto, de su exesposa, Angélica Rivera, así como de sus hijos en, por lo menos, 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras.
La solicitud de información fue realizada desde el 26 de marzo por Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, y recibida por Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 14 de abril. En el documento se indica que la funcionaria realiza una investigación sobre la evolución patrimonial del exmandatario.
Esto significa que la SFP solicitó el acceso a la información relacionada con cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operación que se haya realizado entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.
Peña Nieto no es el único funcionario investigado por la Función Pública, pues los documentos también requerían los datos bancarios de Humberto Castillejos, consejero jurídico de presidencia con Peña; de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, y de su esposa.
Otro de los exfuncionarios de suma relevancia investigado por la SFP es José Antonio Meade, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, además de ser el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña del 2018.
Acerca de este asunto, López Obrador dijo en su conferencia del viernes que no hay ninguna investigación abierta en contra del ex mandatario. “Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna”, comentó y luego explicó que la gente debe solicitar una consulta para saber si quieren que se juzgue a los ex presidentes, desde Salinas hasta Peña Nieto.