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+ Dichas irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la ley
Rafael Montes/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 10de febrero de 2021./Rafael Montes/Milenio.- Una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó una inhabilitación de 10 años impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Carlos Alberto Pedrero Rodríguez, ex delegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016.
La sanción confirmada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA también incluye una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.
Así lo informó la SFP en un comunicado en el que celebró la ratificación de su sanción por parte del TFJA.
La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval explicó que las irregularidades en la aplicación del programa de incentivos fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
“Tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa”, precisó.
Dichas irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos, agregó la dependencia.
Con base en la investigación realizada, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos, pero el ex funcionario inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA.
Sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, reconoció la validez de la sanción y emitió la sentencia definitiva.
