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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de Agosto de 2016.- Rosa Pérez Pérez deberá ser reinstalada como presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, luego de que el Tribunal Electoral revocó el decreto mediante el cual el Congreso del estado ordenó su destitución.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó también al gobernador, Manuel Velasco, generar las condiciones de seguridad para que pueda ejercer este cargo con tranquilidad. Ello implica una orden de alejamiento del alcalde sustituto, Miguel Santis Álvarez, y de sus simpatizantes.
Aunque los seis magistrados de la Sala Superior hicieron suyo el proyecto de Constancio Carrasco, dedicaron hora y media a exponer sus puntos de vista a diferencia de un asunto del que no hablaron pero sí exculparon al presidente Enrique Peña Nieto, de haber excedido los topes de gastos de campaña cuando era candidato.
En la sesión que se realiza esta tarde, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que la destitución de Pérez Pérez fue ilegal, porque “se ejerció una violencia política que incluso amenazaba con peligro de muerte de la manera más brutal, en donde tuvo que escapar para evitar que fuera quemada viva en estos arrebatos”.
Argumentó que el gobernador deberá de hacer respetar su sentencia ante la posibilidad de que los mismos actores violentos actúen de nuevo. “No es asunto de policía ni de fuerza, es un asunto de derecho”.
Pérez Pérez pidió licencia indefinida a su cargo después de que el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, y el diputado del Partido Verde, Carlos Penagos, fueron secuestrados por pobladores de Chenalhó el 25 de mayo para forzar su licencia.
El magistrado Pedro Esteban Penagos insistió que la renuncia es ilegal, porque el síndico del ayuntamiento presionó a la presidenta municipal para que se separara del cargo bajo el argumento de que una mujer no debía gobernar un municipio, de acuerdo con los usos y costumbres de ese municipio.
La magistrada María del Carmen Alanís advirtió que se generará un nuevo precedente en cuanto a la violencia a las mujeres indígenas y también envía los siguientes mensajes: “La violencia política contra las mujeres es inaceptable” y “por el hecho de ser mujer no se está impedida para ejercer un cargo público”.
Ordenaron además la traducción de la sentencia en tzotzil para que sea conocido por las comunidades indígenas de ese municipio chiapaneco.