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+ Albergó el Foro sobre Delincuencia Organizada
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 15 de Agosto de 2017.- La Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública marcó el inicio de un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, que introdujo los juicios orales en México.
Esto ha implicado una modificación de los diferentes componentes que integran el Sistema de Justicia Penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto, por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
En este marco y con el objetivo de recibir, sistematizar y analizar propuestas y planteamientos de todas las instituciones y personas interesadas, para mejorar la calidad de la procuración de justicia en México, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), han convocado a la realización de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
Dicha consulta se realiza a través de 16 mesas temáticas, nueve foros y una plataforma en internet, para recopilar las mejores propuestas de expertos y ciudadanía en general, siendo la Universidad Autónoma de Chiapas la sede del Foro sobre Delincuencia Organizada.
En las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, especialistas analizaron los estándares, reglas y estrategias para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada, contando con la participación de expertos nacionales y estatales, así como integrantes de la sociedad civil y organizaciones sociales.
Durante el acto de apertura de los trabajos de este Foro, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, comentó que este evento permite partir de un análisis crítico al marco legal actual, abonando al fortalecimiento de las fiscalías y la solución de conflictos penales en nuestro país.
“Comprendemos que el ciudadano mexicano se forma con valores y principios morales y cívicos, que definen su cultura bajo esquemas que se reproducen en el seno familiar y de las enseñanzas de sus maestros en el transcurrir de su formación profesional, por ello las instituciones de educación superior se encuentran interesadas en ser parte activa de la construcción de la ciudadanía”, acotó.
Asimismo, el experto en Seguridad Pública y Justicia Penal, Mayolo Medina Linares, comunicó que esta reforma forzó luego de cien años, hacer ajustes en todos los aspectos de la procuración de justicia; pero también las reformas hechas durante los años 2015 y 2016, obligan a la instauración de una Fiscalía.
Luego de expresar que desde su nacimiento en el año de 1975, la UNACH ha sido un espacio para la discusión de ideas, comentó que “esto nos llama a observar las fortalezas y deficiencias del sistema anterior, y sus estructuras de investigación, así como las herramientas e instrumentos institucionales que le den vigencia a la nueva Fiscalía General de la República”.
Al inaugurar este foro, el fiscal General del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar, indicó que este es un momento propicio para actualizarse sobre una base constitucional y un código nacional de procedimientos penales, sustentado en la presunción de inocencia y en el debido proceso, para dar una base sólida a la procuración de justicia.
“Consideró que son muchos los retos y desafíos que se tienen por delante para garantizar el equilibrio natural de derechos y oportunidades entre la víctima y el imputado, en el debido proceso, y garantizar a la víctima la satisfacción de su demanda de justicia, pero es más importante sensibilizar a los ciudadanos para que conozcan que existen estos nuevos instrumentos”, matizó.
Durante la discusión de este tema, participaron el magistrado del Tribunal Constitucional del estado de Chiapas, Mario Antonio Ruiz Coutiño; juez Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales, Juan Marcos Dávila Rangel; juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Judicial Procesal, Eligio Valdenegro Gamboa; el académico de la UNACH, Faustino Guerrero Posadas; fiscal de Combate a la Corrupción, Horacio Reyes Pérez y el fiscal de Distrito Metropolitano, Felipe Nery León.