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TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 08 de Agosto de 2016./José Luis Castillejos.- El acuerdo para la Universalización de los servicios de salud -entre la Secretaría de Salud y las instituciones federales de seguridad social- garantizará a los chiapanecos una atención oportuna y de calidad al tiempo que se abatirá en Chiapas un déficit anual de tres mil millones de pesos, aseguró el Secretario Francisco Ortega.
En diálogo con la Asociación de Columnistas de Chiapas A.C., el funcionario precisó que ya existe un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los gobiernos municipales para trabajar coordinadamente en este concepto de universalización.
Detalló que esto no es otra cosa que la compra y venta de servicios entre esas instituciones a fin de que sea real, oportuna, efectiva y equitativa la protección a los ciudadanos con lo cual ya no se tendrá que trabajar en abatir el pasivo laboral o construyendo más infraestructura.
Precisó que no se van abatir los indicadores contratando más gente (actualmente laboran 25 mil empleados en la Secretaría de Salud) sino aprovechando la actual la actual infraestructura, de todas las instituciones, así como los recursos humanos, redistribuyendo la atención epidemiológica entre instituciones.
Subrayó que “no es privatización de los servicios de salud por ningún lado. Simplemente Chiapas hace cuatro o cinco años que ya tiene la universalización de los servicios, a través del Seguro Popular que tiene convenios unidades médicas rurales del IMSS, Prospera, Clínicas de la Mujer de algunos Ayuntamientos y los Hospitales Federales (pediátricos y Ciudad Salud de Tapachula).
También hay convenios con el DIF estatal para que se realicen intervenciones en materia de rehabilitación y con la Facultad de Medicina Humana de la UNACH. “Esta es una compra y venta de servicios y nació en Chiapas esa universalización (que hoy ya se aplica exitosamente en otros estados), anotó el funcionario.
Aseguró que el abasto de medicamentos y equipos está blindado por el 30 por ciento de presupuesto que queda en la Tesorería Oficial de la Federación de Hacienda Federal y con ello se garantiza que el recurso va a ser pagado y con precios de referencia y esto garantiza que el dinero que está destinado a medicamentos y servicios subrogados lleguen oportunamente.
El funcionario aclaró que problema del abasto de medicamentos para los hospitales en Chiapas de la Secretaría de Salud “no es un cuestión económica; el recurso está blindado para el medicamento. Lo que tenemos es un problema de logística y de parte de incumplimiento de las empresas”.
Ahora con la reforma al sistema de protección social se han puesto una serie de candados y ahora todo aquel que desee entrar al servicio de salud tiene que entrar las cartas credenciales necesarias en el marco de la universalización del servicio.
Admitió que hay insatisfacción del usuario por falta de calidad y calidez, y ausencia de médicos en zonas apartadas del Estado pero ahora con la universalización del servicio si a alguien le urge una placa de rayos X, y no la puede proporcionar alguna institución podrá ir al IMSS, al ISSSTE o a la Secretaría de Salud y habrá una competencia por servicios y los recursos.
Con la universalización de los servicios de salud también se pondrán candados jurídicos para penalizar con 4 o 7 años de prisión el desvío de recursos federales, con lo cual el Seguro Popular que movía unos cuatro mil 500 millones de pesos en Chiapas se desmarca totalmente con reglas de operación y reglas estrictas.
Para abatir el déficit presupuestal se había analizado el recorte de tres mil plazas pero eso fue considerado inviable pues con ese ahorro no se cubriría el forado actual de la Secretaría que ejerce un presupuesto anual del orden de los siete mil millones de pesos.
Actualmente se deben 800 millones de pesos a proveedores; 300 millones en laudos laborales, entre otros indicó el responsable de la salud de los cinco millones de chiapanecos quien advirtió que se perseguirá a fondo la corrupción, venta de plazas y otros desvíos que se han detectado en la Secretaría de Salud.