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+ Hace una semana, Rosario Robles dijo en una carta que la FGR estaba negociando con sus excolaboradores para declarar en su contra.
+ De acuerdo con el diario Reforma, Emilio Zebadúa, quien fue el Oficial Mayor tanto de la Sedesol como de la Sedatu, se ofreció como testigo protegido para hablar de su exjefa y de Enrique Peña Nieto.
Daniela Barragán/SinEmbargo
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre 2020./(SinEmbargo).- Para la exauditora Muna Dora Buchahin, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Rosario Robles Berlanga, el hecho de que Emilio Zebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quiénes participaron en los actos de corrupción.
El día de ayer lunes, el periódico Reforma informó que Emilio Zebadúa González, el exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles.
De acuerdo con esa versión, Emilio Zebadúa ofreció revelar que Robles, presa desde agosto de 2019 acusada de participar en una red de corrupción de presuntos desvíos, fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales.
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Al respecto, la exauditora Muna Dora Buchahin dijo en entrevista con SinEmbargo, que desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por las investigaciones periodísticas y por las declaraciones de algunos implicados, el esquema de participación está más que claro. Pero al ser Zebadúa un personaje clave en las dos dependencias, puede dar más luz sobre el destino del dinero para que éste sea recuperado y se abone más en la reparación del daño.
El equipo cercano que Robles trasladó a la Sedatu en 2015, estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
Zebadúa, en la Oficialía Mayor, fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
El 4 de agosto de 2019, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Robles Berlanga y Zebadúa. Días después, el 29 de ese mismo mes, este hombre habría obtenido de un juez federal una suspensión definitiva contra cualquier intento por parte de la Fiscalía para ejercer un procedimiento penal en su contra. No fue la única acción, sino que intentó con amparos que le fueron negados.
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–No es menor que el Oficial Mayor de Rosario en Sedesol y Sedatu se haya acercado con la FGR. Si esto se confirma, ¿qué representaría en el caso Rosario?
–Tendría que representar, uno, que va a rebelar lo que ya sabemos los que realizamos la investigación, los que estuvimos a cargo. Es una realidad que no se puede esconder. No solamente por la evidencia contundente, documental que hay detrás del dinero y resultado de las auditorías, sino también por las manifestaciones que han hecho quienes estuvieron laborando cerca de Rosario y gente vinculada que estuvo en las universidades y demás y que fueron parte de la operación de todos estos recursos. Eso es algo que va a tener que quedar claro.
A lo mejor más allá de esto, de ver qué le significa a ella es ver qué le significa a todos en este país, cómo poder obtener todos un beneficio, que es la devolución de los recursos. Y la otra parte importante es reafirmar la capacidad en las áreas de investigación, de detección de aquellas conductas que pueden ser vinculadas a hechos y faltas a hechos delictivos, porque necesitamos separar estas dinámicas que prosiguen en este país.
–En la carta que envió Rosario el pasado 26 de octubre, ella se adelanta al decir que la FGR estaba ofreciendo impunidad, de acuerdo con sus propias fuentes, a personas que estuvieron cerca de ella en los delitos de los que se le acusan. ¿Usted cómo ve esta versión de Rosario en la que ve más venganza política que cargos en su contra?
–A través de todo lo que hemos conocido por las investigaciones, que no solo es Emilio, sino que hay otros actores vinculados a ella que fueron también en su momento señalados como probables responsables que no tenían en este contexto responsabilidad e incluso habían denunciado en el Órgano Interno de Control (OIC) porque habían falsificado sus firmas en convenios y otros que sí tuvieron conocimiento perfecto de los hechos y se prestaron a ello por órdenes de Rosario y Zebadúa, según informaron.
Entonces se habían acogido a este criterio de oportunidad que brinda la propia ley, que dice que si otorgas información útil que pueda servir para procesar a quienes están arriba de todo y tener una mejora en los hechos judicializados se puede optar por ello.
Si esto que estamos leyendo es cierto, los lleva a un testigo más. Emilio es uno de los otros colaboradores que se están prestando a esto y por supuesto, no hay que dejar pasar, que él estuvo amparándose, a lo mejor estaba esperando que todo sucediera para favorecerle y nos enteramos que no, se declinaron sus amparos y en este caso el acercamiento con la FGR fue la mejor opción que tuvo a la mano.
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Él es una de las piezas clave, por supuesto, pero también los demás operadores testificaron en los demás hechos y en todos está involucrado.
–Entonces la idea de que todo es una venganza contra ella, con todos estos datos se hace más débil.
–Yo entiendo que alguien que está en una situación como la de ella, siempre van a alegar su inocencia, que inclusive es parte de sus herramientas y derechos de debido proceso. Nosotros que realizamos la investigación y yo en particular tengo claro cómo se dieron los hechos. Y son públicos.
No hay otro modo de poder justificar. Ya tenemos los testimonios de quienes participaron y nos dijeron claramente que a ellos solo les ordenaban –y no de uno, de varios–, tenemos las pruebas del lugar donde se fabricaban todas las evidencias, la renta del dinero, de las empresas, de quiénes operaban, de los rectores que participaron y que unos se prestaron a ser colaboradores.
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Tenemos toda la información, el de Zebadúa es un testimonio más que puede dar contundencia, sin duda alguna, pero es uno más que suma a toda la investigación de la cual fuimos precursores.
Yo lo vería como algo complementario porque sabe que en este contexto no puede librarlo y que tiene que saberse la realidad. Ojalá comunique algo más allá de lo que ya sabemos, porque todo lo demás ya lo sabemos, lo difícil siempre es comprobarlo.
Que tengan todos los elementos que se tienen, toda la serie de actos, inferencias, datos de prueba, fuentes que aportamos de prueba nosotros para poder judicializar la carpeta de investigación.
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A mí me gustaría que Emilio dé datos claros de los cientos de contratos que se realizaron, el flujo, quién operaba cada uno, cómo se fueron dando, pero con un entramado claro, que nos permita ver cuándo y dónde, todos los hechos y las circunstancias. Eso sería lo interesante.
–Y todo en el afán de encontrar algo del dinero, como decía usted al inicio.
–Todo el dinero ¿no? ¿Quién se puede gastar tanta lana junta? Son millones y millones, hay prestanombres, tantas cosas.
Hay que recuperar todo y asegurarnos de que quede lo mejor, porque si se recupera para que se vuelva a quedar guardado, pues no. Hay que recuperarlo y parte de eso tiene que ver con la restauración del daño.